La Cámara Criminal y Correccional de 7° Nominación de Córdoba dio a conocer los fundamentos de la condena a Brenda Agüero
La víctima fatal fue identificada como un hombre de 28 años y nacionalidad peruana, con un amplio prontuario delictivo.
La recién nacida sufrió una falla cardíaca, provocada por la falta de asistencia.
“El tirador se arrimó a la ventana y los ejecutó”, dijo con dolor el hombre, quien aún no encuentra respuestas sobre lo sucedido.
El hecho ocurrió luego de que el grupo saliera a bailar al boliche Equinoxio, ubicado en el barrio porteño de Liniers, donde conocieron a tres mujeres que más tarde los acompañarían a su domicilio.
La causa se inició el 5 de junio de 2024, a partir de una denuncia anónima recibida por el Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal Fernando Alcaraz, que alertaba sobre maniobras ilegales lideradas por internos.
Las víctimas como Eun Hye Ku, de 47 años, y Yoonsuk Ko. Las autoridades trabajan intensamente para averiguar qué fue lo que pasó.
La víctima era esposa de Javier Druzianich, dirigente de una filial local de la Federación Agraria Argentina (FAA), quien conducía el tractor en el momento del accidente.
La pequeña, identificada como Maylen Elena Santillán, se encontraba inflando globos cuando accidentalmente uno ingresó a su garganta, provocando la obstrucción total de sus vías respiratorias.
El tribunal ordenó su inmediata detención y traslado a la unidad carcelaria local.
La autopsia reveló que la Juliana Marins murió por fracturas en el tórax y la espalda tras caer 300 metros. Su familia denuncia negligencia en el rescate.
El hecho se produjo en un momento de descuido, mientras el menor se encontraba en la vivienda junto a sus padres.
Los testigos relataron que conocieron a Cositorto a través de redes sociales, charlas en hoteles y reuniones privadas, donde se ofrecían cursos de coaching, negocios en criptomonedas y promesas de ganancias fijas aseguradas.
El fallo, emitido por el Tribunal Oral Federal, también ordenó una indemnización de cuatro millones de pesos a favor de la víctima.
A días de que termine el juicio, la imputada insistió en su inocencia y criticó el trato que recibió en el juicio.
Las versiones en el barrio son múltiples. Algunos creen que podría tratarse de un mensaje amenazante: “Podría ser un mensaje en contra de alguien”, dijo un vecino al diario local El Tribuno. Otros apuntan a una broma de mal gusto o a un posible robo a una funeraria o carpintería.
“Prefería que me maten antes de que Thiago hubiese muerto”, expresó conmovido ante el fiscal Diego Rulli, de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza.
El pequeño falleció tras recibir un disparo en la cabeza durante un tiroteo entre tres delincuentes y un efectivo policial en el barrio Almafuerte.
El episodio tuvo lugar en la tarde-noche del miércoles, y tras el fallecimiento, el personal policial dio aviso al juez Alberto Carrizo, quien ordenó la intervención inmediata del Juzgado de Instrucción N.º 1.
La tragedia tiene como principal señalado a Fernando Dellarciprete, quien habría asesinado a su pareja, Rocío Villarreal, y a sus dos hijos, Tiziano, de 8 años, y Francesco, de 4. Luego se quitó la vida en un paraje rural cercano.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, el menor, identificado como Eduardo Valentino Caleb Malagueño, fue visto por última vez en las últimas horas en el barrio Comercial de la ciudad capital.
La herida fue mortal y el joven murió en el acto. El agresor, cuya identidad no trascendió, se retiró del lugar como si nada hubiera ocurrido y se entregó horas después en una comisaría, según detallaron medios locales.
El agresor, empleado de la Cooperativa Eléctrica de Plottier, la mantuvo encerrada bajo amenazas, agresiones físicas y sedación con psicofármacos.
Durante el control, los efectivos advirtieron irregularidades en el peso y la estructura de dos matafuegos que transportaba uno de los pasajeros. Estas anomalías motivaron el uso de un can antinarcóticos, cuya reacción fue positiva.
La medida fue firmada por el fiscal federal de Goya, Enrique Mariano De Guzmán, junto a los fiscales de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, según confirmaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.