La Asociación Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (ATE Capital) presentó una acción judicial colectiva contra la Ley Bases, denunciando su aprobación en el Congreso como parte de un "proceso viciado por corrupción". Como resultado, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 aceptó el planteo y ordenó al Poder Ejecutivo que, en un plazo de cinco días, informe sobre las condiciones en las que se sancionó la Ley 27.742.

Según el gremio, la legalidad del procedimiento legislativo está bajo sospecha, especialmente por el voto del entonces senador Edgardo Kueider, quien fue detenido más tarde con una importante suma de dólares no declarados y enfrenta causas por presunto cohecho. Ese voto fue clave para el empate que definió la vicepresidenta Victoria Villarruel.

ATE Capital calificó la sanción de la ley como "nula de nulidad absoluta", al considerar que se dio en un contexto de "hechos de corrupción de público conocimiento".

En su fallo, el juez Diego Martín Cormick reconoció la legitimidad de la acción impulsada por el sindicato y sostuvo que hay verosimilitud en los hechos denunciados: "Es evidente que existe un vicio en la formación y sanción de la Ley 27.742".

"Estamos ante una ley nacida de un procedimiento viciado y fraudulento. El Poder Judicial debe actuar y garantizar el Estado de derecho", manifestaron desde el gremio.