El Gobierno nacional formalizó este martes un nuevo paso en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), al modificar su marco regulatorio a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025. La normativa permite la venta total o parcial de las acciones estatales y autoriza a la empresa a cortar el servicio por falta de pago.

Con esta medida, el Ejecutivo derogó el artículo que establecía que el 90% del capital accionario de AySA debía permanecer en manos del Estado y ser intransferible. A partir de ahora, el Estado podrá desprenderse de su participación accionaria en la compañía que presta servicios de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Además, el nuevo marco normativo amplía las atribuciones de la concesionaria, que podrá interrumpir el suministro a usuarios morosos, auditar obras dentro de su zona de influencia y utilizar los ingresos por explotación para garantizar el repago de financiamientos.

El decreto también instruye a la Agencia de Planificación (APLA) a diseñar un Plan Director de Mejora Estratégica, destinado a definir obras prioritarias, fuentes de financiamiento y estrategias de expansión del servicio.

Se prevé un régimen de transición de hasta cinco años para implementar los cambios de forma progresiva, con el objetivo de mantener el equilibrio económico y financiero del contrato de concesión.