Una empleada del Poder Judicial de Río Negro fue exonerada de su cargo tras una auditoría interna que reveló que acumuló más de 400 días de licencia en cuatro años y que, al mismo tiempo, figuraba como empleada activa en otros dos organismos públicos, lo que constituye una incompatibilidad legal.

Según publicó Infobae y confirmó Noticias Argentinas, la trabajadora, identificada como Paula P., fue investigada desde mayo de 2024 por orden del coordinador de Recursos Humanos de la Procuración General, Esteban Aliani. La auditoría detectó un patrón de ausencias reiteradas con certificados médicos y licencias extraordinarias entre 2019 y 2023, además de su traslado a Neuquén durante la pandemia, mientras seguía cobrando su sueldo como empleada judicial rionegrina.

Las averiguaciones incluyeron oficios a AFIP y ANSES, que confirmaron que Paula P. también trabajaba en la Municipalidad de San Martín de los Andes y en la Obra Social de Petroleros Privados, en simultáneo con su cargo judicial, violando las normativas vigentes.

A pesar de alegar desconocimiento de la normativa y dificultades personales, los instructores del sumario consideraron que su conducta violó los artículos 8 inciso a) y 9 de la Ley Orgánica 5731, así como la Ley de Ética Pública L3550.

El Superior Tribunal de Justicia dictó la exoneración definitiva el 12 de febrero de 2025 y ordenó remitir las actuaciones a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para evaluar si corresponde iniciar una causa penal por el posible perjuicio económico al Estado, vinculado a los salarios cobrados durante las ausencias injustificadas.