· Domingo1 de febrero de 2026 · · 15°C
· Domingo1 de febrero de 2026 · · 15°C
La Casa Blanca reclamó dar por finalizado el mandato del Comité Especial de Descolonización por considerarlo un "despilfarro". Pese al alineamiento de Javier Milei con Donald Trump, la Cancillería no respaldará la moción y defenderá el foro donde denuncia la ocupación británica.
La estrategia internacional de la Casa Blanca provocó la primera discordancia de fondo entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump en los foros multilaterales. A través de su delegación ante las Naciones Unidas, Estados Unidos solicitó formalmente la disolución del Comité Especial de Descolonización (C-24), el órgano histórico donde la República Argentina canaliza y sostiene de manera ininterrumpida su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas desde 1988, decisión que encendió alertas en el Palacio San Martín y que fue recibida con beneplácito diplomático en Londres.
La ofensiva norteamericana fue expuesta por la representante estadounidense ante el organismo, Tammy Bruce, quien en el marco de la Cuarta Comisión de la Asamblea General argumentó que el cuerpo “sobrevivió a su propósito original” y calificó varias de sus tareas como un “despilfarro de recursos” burocráticos. La funcionaria cuestionó que se continúen examinando los mismos textos de forma anual cuando la gran mayoría de las antiguas colonias ya fueron admitidas como Estados miembros soberanos, apuntando contra una estructura que aún monitorea 17 Territorios No Autónomos, diez de los cuales permanecen bajo administración del Reino Unido.
Pese a la estrecha concordancia ideológica y al acompañamiento sistemático de las votaciones impulsadas por Washington, la Cancillería argentina resolvió tomar distancia explícita del planteo estadounidense. En el Palacio San Martín entienden que desmantelar ese espacio desarticularía el principal ámbito formal multilateral para exigir que el Reino Unido reanude las negociaciones bilaterales conforme a las resoluciones de la Asamblea General.
Se espera que en los próximos días el canciller Pablo Quirno transmita el malestar de la administración libertaria al recibir en Buenos Aires a Christopher Landau, número dos del secretario de Estado Marco Rubio. En junio pasado, el propio ministro de Relaciones Exteriores había utilizado esa tribuna diplomática para denunciar la intensificación de la militarización británica en el Atlántico Sur y la explotación unilateral e ilegítima de los recursos naturales del archipiélago.
En los pasillos de la ONU se descarta que la moción de clausura logre prosperar numéricamente, debido a las mayorías que requiere la Asamblea General:
Votación sin derecho a veto: la renovación del mandato del comité depende del voto de la Asamblea General por mayoría simple, ámbito donde no rige el veto del Consejo de Seguridad y donde las naciones de África y el Caribe sostienen una tradición indeclinable de apoyo al proceso descolonizador.
Crítica a la burocracia internacional: analistas interpretan que la iniciativa norteamericana responde al programa general de Trump contra las erogaciones en organismos globales más que a un guiño explícito a Londres, aunque debilita la posición argentina.
Acercamiento angloestadounidense: el movimiento coincide con una recomposición del diálogo bilateral entre Trump y el primer ministro británico, Andy Burnham, tras sus recientes encuentros en Nueva York.
La controversia internacional coincide con una escalada de tensiones materiales por el avance del megaproyecto petrolero Sea Lion en aguas circundantes a Malvinas. Frente a esa explotación hidrocarburífera no autorizada, el Gobierno argentino solicitó semanas atrás la intervención precautoria del Tribunal Internacional del Derecho del Mar e impulsó un proyecto de Ley de Soberanía para castigar y sancionar a las corporaciones que operen en la plataforma marítima nacional sin licencia oficial.
