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Un informe internacional reveló que casi la mitad de los inquilinos afronta dificultades frecuentes para pagar el techo y el 38% redujo su compra de alimentos. El peso de las expensas y los servicios fuerza mudanzas hacia zonas más accesibles.
El costo de sostener un techo dejó de ser un ítem previsible dentro de la economía doméstica para convertirse en el factor determinante que condiciona el resto de los consumos familiares. En la Argentina, 8 de cada 10 personas (83%) debieron recortar al menos un gasto durante el último año para no perder su vivienda, una cifra que supera con holgura el promedio internacional del 75%. El dato se desprende del relevamiento global “Un hogar, pero ¿a qué costo?”, elaborado por la organización Hábitat para la Humanidad tras encuestar a 1.400 personas en el país dentro de una muestra que abarcó a 22 naciones.
La investigación refleja que el ajuste presupuestario impacta directamente sobre necesidades primarias: un 38% de los consultados redujo compras de alimentos y artículos de primera necesidad, un 37% recurrió a ahorros o fondos de reserva para cubrir la mensualidad y un 35% debió sumar horas extraordinarias o un segundo empleo. A su vez, el 34% admitió haber tenido que elegir entre pagar el alquiler o solventar comida, vestimenta y medicamentos, lo que demuestra que la problemática central no pasa únicamente por tener una vivienda, sino por el costo social de sostenerla frente a la erosión salarial y la falta de crédito hipotecario accesible.
El panorama resulta particularmente crítico para el universo locativo en comparación con quienes habitan un inmueble propio:
Vulnerabilidad e incertidumbre: el 49% de los inquilinos manifiesta problemas recurrentes para saldar los costos de vivienda frente al 31% de los propietarios, mientras que el 68% teme quedar en la calle ante cualquier imprevisto económico.
Servicios básicos bajo recorte: el 60% de los arrendatarios señaló que el incremento en las tarifas de energía atenta contra su permanencia en el inmueble, y el 19% debió restringir la climatización (frío o calor), casi el triple del promedio mundial (7%).
El peso del consorcio: los gastos comunes ya representan entre el 25% y el 30% del costo total mensual de habitar un departamento, transformándose en la variable que termina expulsando a las familias de sus barrios de origen.
Esta escalada de costos provocó un cambio drástico en las prioridades de búsqueda. La demanda prioriza hoy la sustentabilidad financiera en el tiempo por sobre la ubicación geográfica, impulsando un éxodo desde corredores consolidados hacia zonas más periféricas o con expensas moderadas. Familias y parejas que habitaban unidades de dos o tres ambientes en Belgrano, Palermo, Núñez o Villa Urquiza —donde los contratos con expensas superan con facilidad el millón de pesos— migran hacia barrios como Almagro, Monte Castro, Villa Crespo, Liniers o Barracas en busca de previsibilidad y menores costos de mantenimiento.
Desde el sector inmobiliario destacan que los interesados prestan cada vez más atención a los gastos comunes y exigen alternativas de ingreso más flexibles, como seguros de caución o garantías de fianza, para evitar inmovilizar ahorros indispensables frente al costo de vida general.
Las secuelas del encarecimiento habitacional trascienden lo financiero e interfieren en el desarrollo personal. Según el informe, el 57% de los consultados considera que el valor de la vivienda obstaculiza la posibilidad de formar una familia, y un 60% de los padres teme que estos compromisos económicos limiten el porvenir y las oportunidades de sus hijos. En paralelo, un abrumador 84% ve cada vez más lejana la meta de la casa propia.
A este cuadro se añaden las rigideces del mercado formal, cuyos requisitos documentales y garantías propietarias marginan a los trabajadores informales hacia pensiones, conventillos o asentamientos donde muchas veces abonan cifras equivalentes a las del circuito tradicional sin condiciones dignas de habitabilidad. Ante ello, entidades civiles promueven esquemas de alquiler social y articulaciones público-privadas para conectar inmuebles ociosos con familias vulnerables, reclamando políticas de Estado que atiendan el acceso al suelo y la vivienda como un derecho fundamental.
