La causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo avance judicial. El juez federal Ariel Lijo citó a indagatoria al extitular del organismo, Diego Spagnuolo, junto a otras 34 personas vinculadas al manejo de fondos públicos.

La investigación apunta a un entramado de funcionarios y empresarios que habrían participado en un esquema de contrataciones direccionadas, con montos millonarios involucrados.

Según la resolución judicial, se habría implementado un sistema de compulsas de precios simuladas, en las que un grupo reducido de empresas vinculadas entre sí aparentaba competir para quedarse con adjudicaciones previamente acordadas.

El cronograma de citaciones incluye a otros exfuncionarios de la ANDIS, como Daniel María Garbellini, Miguel Ángel Calvete y Andrés Horacio Arnaudo, quienes deberán presentarse ante la Justicia a fines de abril.

En paralelo, el magistrado dispuso la inhibición general de bienes de los involucrados, con el objetivo de evitar posibles maniobras de desprendimiento de activos que podrían estar vinculados a los hechos investigados.

De acuerdo con el fiscal federal Franco Picardi y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el perjuicio económico ascendería a más de $75 mil millones, que habrían sido destinados a un reducido grupo empresarial.

"Se detectaron nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia Nacional de Discapacidad, de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores", sostuvo el fiscal en su dictamen.

La causa se centra en operaciones realizadas entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, período en el que la ANDIS dependía del Ministerio de Salud de la Nación.

Según los investigadores, las maniobras incluyeron acuerdos indebidos entre funcionarios del organismo y proveedores vinculados a droguerías y a la provisión de medicamentos e insumos de alto costo.

Estos productos, denominados PACBI (productos de alto costo y baja incidencia), habrían sido utilizados como parte del esquema para canalizar fondos públicos hacia empresas previamente seleccionadas.

La investigación ya contaba con varios procesamientos desde febrero, pero en los últimos meses avanzó sobre un segundo circuito de desvíos, ampliando el alcance del expediente.

Con las nuevas indagatorias, la Justicia busca profundizar la reconstrucción del circuito de fondos y determinar las responsabilidades individuales en una de las causas más sensibles vinculadas al sistema de salud y asistencia social.