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El candidato ultraderechista intensificó sus denuncias tras quedar al borde de la segunda vuelta. Organismos internacionales avalaron la transparencia del proceso.
El candidato ultraderechista a la Presidencia de Perú, Rafael López Aliaga, ofreció una recompensa de hasta 20.000 soles (unos 5.700 dólares) a quienes aporten pruebas sobre un supuesto fraude en las elecciones generales, pese a no haber presentado evidencias hasta el momento.
El líder de Renovación Popular difundió un mensaje dirigido a trabajadores de organismos electorales como la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a quienes instó a enviar información "veraz y comprobable" sobre presuntas irregularidades.
"Si tienes información sobre fraude o sabotaje, ofrecemos una recompensa", expresó, al tiempo que garantizó confidencialidad y anonimato para quienes aporten datos.
Las declaraciones de López Aliaga se producen en un contexto de alta tensión electoral, con una disputa voto a voto por el pase a la segunda vuelta.
Con más del 92% de los votos escrutados, la candidata Keiko Fujimori lidera con el 17,05%, mientras que el segundo lugar lo ocupa el izquierdista Roberto Sánchez con el 12,05%, seguido muy de cerca por López Aliaga con el 11,86%.
La diferencia entre ambos es de menos de 30.000 votos, lo que anticipa una definición ajustada que podría trasladarse al ámbito judicial, donde aún deben resolverse miles de actas impugnadas.
El candidato ya había instalado la idea de fraude en los días previos a los comicios y reforzó esa postura tras registrarse importantes demoras en la apertura de centros de votación, especialmente en Lima.
En algunos casos, los retrasos alcanzaron hasta cinco horas debido a problemas logísticos en la distribución del material electoral. Incluso, algunas mesas debieron habilitarse al día siguiente.
López Aliaga sostiene que estas irregularidades le habrían costado cerca de medio millón de votos, aunque no presentó pruebas que respalden esa afirmación.
A pesar de las acusaciones, distintas misiones de observación electoral, incluyendo las de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), respaldaron la transparencia del proceso.
Los organismos señalaron que, si bien existieron inconvenientes logísticos, no se detectaron irregularidades que comprometan la legitimidad de la elección.
En los últimos días, López Aliaga también exigió la detención del jefe del organismo electoral y pidió suspender la proclamación de resultados, además de convocar a sus seguidores a movilizarse.
Estas declaraciones generaron preocupación en distintos sectores políticos, que advierten sobre una posible escalada de conflictividad en caso de que no se acepten los resultados oficiales.
El escenario sigue abierto y la definición del balotaje dependerá del recuento final y de las resoluciones de los jurados electorales, en una de las elecciones más fragmentadas de la historia reciente del país.
