El Gobierno presentará ante la jueza federal del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, un pedido para suspender la orden que exige la entrega de chats y correos de Luis Caputo y Sergio Massa en el marco del juicio por la expropiación de YPF. La estrategia oficial busca poner en pausa la directiva hasta que quede saldada la apelación sobre el alcance del discovery.

La Procuración del Tesoro, que encabeza Santiago Castro Videla, ya interpuso el 26 de septiembre un recurso ante la Corte de Apelaciones para frenar la medida. Aun así, Preska ratificó la orden en una audiencia reciente con representantes de la Argentina y de los fondos demandantes, y estableció el 30 de octubre como fecha límite de cumplimiento, con la advertencia de posibles sanciones -inferencias adversas o desacato- si no se acata. Evitar ese escenario es, hoy, una de las prioridades del equipo legal del oficialismo.

Del lado de los demandantes -que cuentan con una sentencia favorable por US$16.100 millones y un fallo para cobrar con parte de las acciones de YPF-, el objetivo del requerimiento es obtener evidencia de que YPF y el Estado argentino "son lo mismo", a fin de identificar activos y embargarlos. En Balcarce 50, en cambio, aseguran que "de ninguna forma" entregarán información privada de funcionarios o exfuncionarios y sostienen que la jueza "se excedió en su jurisdicción" al incluir en la orden datos sobre activos argentinos.

La Casa Rosada también remarcó que no ofrecerá garantías mientras esté firme la apelación del fallo que dispuso ejecutar la transferencia de acciones y que no habrá negociaciones privadas con los fondos fuera de la vía judicial. En paralelo, el Gobierno se prepara para la audiencia oral ante la Corte de Apelaciones por la sentencia de fondo -prevista después del 26 de octubre- y ya anticipó que recurrirá a la Corte Suprema estadounidense si su planteo es rechazado.