Distintos referentes de la oposición salieron a cuestionar con dureza la nueva resolución del Gobierno nacional que restringe el ejercicio del periodismo en la Casa Rosada, y advirtieron sobre un preocupante retroceso en materia de libertad de prensa.

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro fue uno de los primeros en alzar la voz: "Censura previa, cerco a la libertad de prensa", publicó en su cuenta de X, al tiempo que denunció que la medida limita aún más el acceso de los periodistas a la sede del Poder Ejecutivo.

"La resolución impone un código de vestimenta formal, la moderación previa de las preguntas, y advierte que la circulación por áreas no autorizadas será considerada una falta grave", detalló. También criticó la implementación de un "criterio de evaluación" que, según explicó, "introduce controles sobre las métricas de los medios presentes" sin especificar parámetros claros.

En el mismo hilo, Ferraro cuestionó la falta de funcionamiento de la Comisión de Libertad de Expresión en Diputados, que preside la libertaria Emilia Orozco: "Se pasea con su perro caniche por todos lados y mantiene la comisión cerrada bajo siete llaves".

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Según el Ejecutivo, la iniciativa busca alinearse a estándares internacionales y desincentivar el uso de efectivo no declarado, promoviendo mayor dinamismo económico.

Por su parte, el socialista Esteban Paulón denunció que "en medio del discurso desregulador, el gobierno de Javier regula al extremo la tarea del periodismo en la Rosada". "Tienen pánico a la libertad de expresión", sentenció.

Desde Córdoba, el presidente del PRO provincial, Oscar Agost Carreño, también se sumó a los cuestionamientos. "Un Gobierno que le teme a la prensa es un gobierno que le teme a la verdad. El decreto no busca orden, busca silencio", señaló en sus redes.

Los cuestionamientos se produjeron luego de que el Ejecutivo oficializara la resolución 1319/2025, firmada por la Secretaría de Comunicación y Medios, que establece nuevas regulaciones para el acceso de periodistas a Casa Rosada. La normativa fija un límite físico de ingreso: 25 acreditados en la Sala de Periodistas "Decano Roberto Di Sandro" y 36 en la Sala de Conferencias.

Además, se crea un "modelo de declaración jurada y matriz de evaluación objetiva" para definir quién puede ingresar, en función de la audiencia del medio, la frecuencia de cobertura y la especialización temática, lo que ya generó un amplio repudio en el arco político y en entidades periodísticas.