En ese marco, el reclamo por la sanción de la Ley de Emergencia Alimentaria fue el contexto que permitió a las delegaciones provinciales reunir la información necesaria para conocer cuáles eran esas organizaciones, desde qué lugares partían a las movilizaciones, cuánta gente convocaban y obtener los datos personales de sus militantes y referentes.

El caso paradigmático del relevamiento a las organizaciones sociales que pugnaron por la sanción de esa ley lo constituye el seguimiento a la organización Barrios de Pie y sus referentes como Jorge Ceballos, Humberto Tumini y del subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la Secretaría de Economía Social en el Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Menéndez.

“La organización Barrios de Pie constituyó un objetivo de inteligencia específico para las delegaciones provinciales de la Agencia Federal de Inteligencia, por lo menos entre la segunda mitad del año 2016 y todo el 2017”, aseguró Ramos Padilla.

Se apoyó para hacer esa valoración en el volumen y la sistematicidad de la documentación encontrada, y la obtención de información de los diferentes niveles de la organización, desde las estructuras de base hasta sus referentes nacionales.

En la causa se constató la infiltración de un agente de la delegación provincial Haedo–Morón en una organización social “que se constituyó en un objetivo de inteligencia de relevancia como consecuencia de una orden directa emanada de la superioridad de la Agencia Federal de Inteligencia”.

El juez pone de relieve un documento, analizado a la luz del cuantioso número de informes de inteligencia en los que se reunió información personal de militantes y referentes de Barrios de Pie, el relevamiento de la ubicación geográfica de las sedes de esa organización, la infiltración en sus movilizaciones y el registro fotográfico de las mismas, que “dan cuenta de la magnitud de las acciones prohibidas por la ley 25.520 que llevó adelante la Agencia Federal de Inteligencia en la provincia de Buenos Aires respecto de esta organización en particular”.

La confección de informes que se anexan a la resolución da cuenta de que se “respondía a una requisitoria específica formulada por la superioridad de la Agencia”.

“A partir de la presencia de múltiples documentos en la mayoría de las bases (que se instalaron en la provincia de Buenos Aires) resulta evidente que existió una orden directa emanada de esa superioridad para investigar a las organizaciones sociales que reclamaron por la sanción de esta ley, (de Emergencia Alimentaria) y en particular, respecto de Barrios de Pie”, advirtió el juez Ramos Padilla.

El tema de la emergencia social formó parte de la agenda de todas las bases desplegadas por la AFI en la provincia de Buenos Aires.

Uno de los documentos al que hace referencia la resolución contiene registros sobre referentes de Barrios de Pie, y también de las organizaciones Corriente Clasista Combativa (CCC), Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Frente Popular Darío Santillán, entre otras.

Entre la documentación encontrada en la Base Quilmes se observan hojas de cálculo con registros de manifestaciones por día, haciendo las veces de un calendario de movilizaciones de la zona.

Como prueba del espionaje, hay listados de dominios de micros y automóviles utilizados por las organizaciones para trasladarse. Concretamente, el juez remarcó que se halló un archivo en el cual se proyectaban una serie de movilizaciones ocurridas y otras que estaban próximas a ocurrir durante el mes de noviembre del año 2016, las cuales que fueron objeto de cobertura por agentes de la delegación a cargo de Pedro García.

En una carpeta titulada “emergencia social ya”, dentro de las extracciones forenses obrantes en el disco “D1” de la 692 Base Quilmes, se hallaron cuatro documentos vinculados entre sí, de fecha 18 de noviembre del 2016, “de los que surge claramente la inteligencia llevada a cabo por los agentes de la Delegación que reportaron su infiltración”.