· 
Mendoza
28°C
La Fiscalía de Perú abrió investigaciones contra al menos cinco ministros del nuevo gabinete, entre ellos la jefa de Gabinete, por presuntos actos de corrupción y otros delitos relacionados con el ejercicio de sus funciones, en un episodio que complica aún más la ya inestable situación política del país sudamericano.
La Fiscalía de Perú confirmó este 27 de febrero de 2026 que al menos cinco integrantes del gabinete ministerial están siendo investigados por diversas presuntas irregularidades que podrían constituir delitos en el marco de sus funciones. Entre ellos se encuentra la jefa de Gabinete, cuyo nombre no fue difundido por razones de reserva judicial, pero que ocupa uno de los cargos políticos más importantes del Ejecutivo.
Los otros ministros incluidos en las investigaciones cubrirían carteras claves del gobierno, aunque fuentes oficiales indicaron que aún no se han formulado cargos vinculantes y que las actuaciones se encuentran en una etapa preliminar de investigación.
Si bien las autoridades judiciales mantienen el secreto de las indagaciones, trascendió que los casos podrían estar asociados a presuntos actos de corrupción, manejo irregular de fondos públicos o abuso de funciones, vinculados con decisiones administrativas o contrataciones bajo la órbita de los ministros investigados.
Las investigaciones forman parte de una serie de acciones promovidas por la Fiscalía y otros organismos de control para monitorear el comportamiento ético y legal de los funcionarios públicos, especialmente en gobiernos nuevos donde la transparencia y el combate a la corrupción son demandas centrales de la sociedad civil.
La decisión de abrir indagatorias a altos funcionarios del nuevo gabinete ha generado un fuerte impacto político en Lima y en los principales partidos políticos del país, donde sectores de la oposición han pedido explicaciones públicas, e incluso plantean la necesidad de mociones de censura si se confirman faltas graves.
Por su parte, desde el Ejecutivo han rechazado las versiones más duras, sosteniendo que las investigaciones deben seguir su curso sin prejuzgar culpabilidades, y que todos los funcionarios implicados cooperarán con la justicia para clarificar los hechos.
Perú ha atravesado en los últimos años una alta volatilidad política, con sucesivos cambios de presidentes y gabinetes, así como diversas investigaciones judiciales que han involucrado a figuras relevantes del poder. En ese marco, este nuevo capítulo añade presión sobre el gobierno actual, que aún busca consolidar su agenda y recuperar confianza institucional.
La fiscalía señaló que el estado de las investigaciones es preliminar y que aún no se han determinado imputaciones formales o medidas cautelares, por lo que podría haber más novedades en los próximos días a medida que se recolecten pruebas y se avance en las actuaciones.
