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Mendoza
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La provincia de Mendoza activó una modificación al Código de Contravenciones que respalda sanciones a padres, tutores o responsables de menores cuando estos cometan actos de bullying escolar y no se adopten medidas correctivas tras la notificación, impulsando la corresponsabilidad familiar en la lucha contra el acoso escolar.
La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza confirmó la entrada en vigor de una reforma al Código de Contravenciones provincial que busca sancionar a padres, madres, tutores o responsables legales de estudiantes cuando se compruebe que estos últimos cometieron bullying o acoso escolar y los adultos incumplieron sus deberes de vigilancia, orientación y prevención tras ser notificados por las autoridades educativas.
Un colegio de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) en Mendoza decidió implementar una política obligatoria para que los alumnos depositen sus teléfonos celulares en cajas de seguridad, con el objetivo de mejorar la concentración y el clima educativo dentro del aula.
La modificación fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia bajo la Ley N° 9682, que incorpora artículos específicos al apartado de "Contravenciones contra la moralidad, buenas costumbres, solidaridad y educación" del Código de Contravenciones.
Según la nueva normativa, una vez que la escuela o la autoridad de protección infantil notifique formalmente a los responsables legales sobre la conducta de acoso escolar de un alumno a su cargo, los adultos deberán adoptar las medidas necesarias para orientar, vigilar y evitar la reiteración de ese comportamiento.
Si se constata que no se ha actuado o se ha obviado esa responsabilidad, el responsable legal podrá enfrentar multas que van desde 1.500 a 3.000 unidades financieras (UF) o bien tareas educativas o comunitarias de hasta 30 días.
La normativa también prevé que en casos de reincidencia las sanciones puedan duplicarse, e incluso se contemple la asistencia obligatoria a espacios de orientación familiar.
Las autoridades provinciales explicaron que la reforma pretende promover una corresponsabilidad real entre el sistema educativo y las familias, reforzando el compromiso de los adultos para prevenir, contener y corregir las conductas de acoso entre pares que se manifiestan dentro de los establecimientos escolares.
La iniciativa se alinea con esfuerzos vinculados a protocolos educativos ya existentes para abordar situaciones de bullying, y tiene como propósito impulsar ambientes escolares más seguros y respetuosos, involucrando tanto a las instituciones como a los entornos familiares.
Aunque la medida fue respaldada por el gobierno provincial como una herramienta para reducir la incidencia del acoso escolar, diversos sectores han planteado la necesidad de acompañar las sanciones con políticas educativas y de contención que aborden las causas profundas del problema.
