“No vamos a encubrir ni proteger a nadie”, sostuvo Kicillof en declaraciones radiales, y agregó: “Resolvimos y acompañamos la separación de la policía provincial para que se investigue a fondo y ahora la causa está en manos de la Justicia federal”.

“Apoyamos la separación de La Bonaerense para llegar al fondo de la cuestión, esperemos que se resuelva lo antes posible. Estamos preocupados esperando que se esclarezca y colaborando con todo lo que se puede con la Justicia”, sostuvo Kicillof.

Este miércoles, la Justicia Federal, que comenzó a investigar el delito de desaparición forzada del joven, ordenó allanar la Subestación Policía Comunal Mayor Buratovich, ya que tres testigos habrían declarado haber visto el día de su desaparición a Facundo Astudillo Castro, en el momento en el que era subido a un patrullero en esa localidad.

Kicillof no lo confirmó. “Recibí información interna de la Policía, pero es muy prematuro sostener algo. Lo afirmo con toda claridad no vamos a defender, ni encubrir a nadie, pero tampoco a prejuzgar. No queremos que hay ningún obstáculo a la Justicia”, admitió el mandatario.

El 29 de junio pasado la madre Cristina Adriana Castro Alaniz contó ante la Justicia que el 30 de abril pasado dejó de tener contacto con su hijo, y que el último contacto que mantuvo fue telefónico, en el momento en el que personal policial le estaba labrando un acta por presunta infracción al artículo 205 del Código Penal de la Nación, por violación de la cuarentena.

Según el portal Fiscales.gob.ar, tras la denuncia de la mujer, la Fiscalía Federal N° 1 de Bahía Blanca, a cargo por subrogancia legal de Santiago Ulpiano Martínez, inició una investigación preliminar para corroborar la hipótesis sobre la desaparición forzada del joven.

Tras ser apartada la Policía Bonaerense de la investigación, la fiscalía requirió a las distintas fuerzas federales la realización de rastrillajes para dar con el paradero del joven Facundo Astudillo Castro.

El fiscal de Bahía Blanca Rodolfo De Lucia planteó su incompetencia en el caso y pidió que la causa siga exclusivamente en la Justicia Federal, por lo que ahora la medida tendrá que ser resuelta por el Juzgado de Garantías, según informó la prensa local.

Entre las medidas ordenadas, se solicitó colaboración a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial de la Nación (DAJuDeCO), de la Dirección Nacional de Migraciones, del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas del Ministerio de Seguridad de la Nación.

En las últimas horas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA solicitó al canciller Felipe Solá y al Ministerio de Relaciones Exteriores que informen sobre “las acciones que el Estado estaría llevando a cabo para dar con el paradero o localización del joven y el avance en las investigaciones que se llevarían a cabo por los hechos alegados”.