En la jornada de hoy, las partes escucharon en primer término a un sobreviviente, Carlos Roca, quien dio detalles de los hechos acontecidos sobre su escape de su domicilio cuando lo fueron a buscar y posterior detención en el Palacio Policial.

Luego, en la jornada, se escuchó a Patricia, hermana de Roca, quien dio su testimonio sobre la noche en que fueron detener a su hermano en la casa familiar.

Carlos Roca, en su relato, recordó que aquella medianoche del 14 de mayo un grupo de al menos seis personas armadas, cuyas identidades no pudo individualizar, fueron a buscarlo a su domicilio para detenerlo, por lo que él decidió escapar por los techos y a los días se presentó en el Palacio Policial (durante la dictadura iniciada en 1976 allí funcionaba el Departamento de Informaciones -D2- de la Jefatura de la Policía provincial de Mendoza).

"Me llevaron al excentro clandestino de Detención D2, ubicado en el Palacio Policial, y en ese lugar sufrí numerosas torturas junto a otros detenidos, entre los que pude reconocer a mi primo, Raul Acquaviva; además estaban Eugenio Paris, Liliana Tognetti y Graciela Leda, entre otros", revivió Carlos Roca.

El "D2" fue el centro clandestino de detención más importante de la provincia y el sitio en el que estuvieron la mayoría de los detenidos-desaparecidos de Mendoza, y que desde el 2015 funciona como Espacio de la Memoria.

Roca repasó algunos detalles de aquel operativo en el que intentaron secuestrarlo y luego, sin más preguntas de las partes, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mendoza dio por finalizada su participación y dio lugar al testimonio de su hermana Patricia, quien también dio detalle de aquella noche.

Una vez finalizada la audiencia de hoy, en horas del mediodía, el Tribunal llamó a un cuarto intermedio hasta el 19 de febrero, jornada en la que se retomarán las audiencias virtuales.

El TOF Nº 1 de Mendoza está integrado por los jueces Alberto Carelli (presidente), Héctor Cortez y Alejandro Piña.

En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen en la causa el fiscal Dante Vega y los fiscales ad-hoc Daniel Rodríguez Infante y Patricia Santoni, mientras que en condición de querellantes fueron aceptados el abogado Fernando Peñaloza, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y la abogada Viviana Beigel, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.