La semana pasada comenzaron los alegatos en el juicio que tiene como imputados a dos sacerdotes y a un ex jardinero, y la Fiscalía pidió la pena de 45 años para los religiosos, mientras que los querellantes solicitaron la pena máxima, de 50 años. 

A su vez, la defensora oficial -que seguirá alegando este martes solicitó la "nulidad" del proceso con el argumento de que se "violó el derecho a la legítima defensa".

Tras el cuarto intermedio el viernes, la defensora oficial Alicia Arlotta, que representa a los sacerdotes Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (61) y al jardinero Armando Gómez (51) continuará su alegato en la mañana de este martes, detallaron las fuentes.

La semana pasada los primeros en alegar fueron el fiscal Gustavo Stroppiana, que realizó toda la instrucción de la causa, y el jefe de los fiscales de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Alejandro Iturbide.

Una pena de 45 años de prisión solicitaron para los sacerdotes y para el ex jardinero pidieron 22 años y medio de prisión.

Los dos sacerdotes y el jardinero llegaron a este juicio acusados de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores, en 28 hechos en total.

Luego, fue el turno de los abogados querellantes de la asociación para la promoción de los Derechos Humanos Xumek, Lucas Lecour y Sergio Salinas quienes, en representación de cinco denunciantes, pidieron una pena de 50 años de prisión para el sacerdote Corbacho y de 15 años para Corradi y Gómez.

Aclararon que, con relación a los imputados Corradi y Gómez, solo podían acusar por tres hechos en total, que son aquellos en los que fueron víctimas sus representados, de allí la diferencia con el Ministerio Público Fiscal, que acusó por todos los hechos.

Además solicitaron al tribunal que ordene medidas de "reparación integral" hacia las víctimas, teniendo en cuenta su extrema vulnerabilidad y la necesidad de evitar que se repitan abusos como los de este caso.

En tanto, la otra parte de la querella, la de los abogados Oscar Barrera y Leandro Lanci, que actúan en representación de otros denunciantes, solicitaron la pena máxima para este tipo de delitos, es decir 50 años de cárcel contra los curas Corradi y Corbacho, mientras que para el jardinero Gómez, pidieron 30 años de reclusión.

Lanci expuso que todos los hechos que se ventilaron en este juicio fueron probatorios de los terribles vejámenes a los que fueron sometidas las víctimas a las que ellos representan, con pruebas palmatorias irrefutables y pericias psicológicas que avalan todo lo actuado.

Por su parte, la abogada defensora había comenzado su presentación el jueves pidiendo la nulidad de lo actuado y continuó el viernes con la mira en deslindar todas las pruebas que produjeron la Fiscalía y la querella, y puso en duda la credibilidad de víctimas y testigos, informaron a Télam fuentes judiciales.

Tanto los representantes del Ministerio Público como los abogados de la querella apuntan que la defensora oficial, ante las abrumadoras pruebas, intenta realizar maniobras dilatorias ya que el próximo martes 26 vence el plazo de tres años de las prisiones preventivas.

Una vez culminados los alegatos -lo que podría ocurrir entre el martes y el miércoles- el tribunal compuesto por Carlos Díaz, Mauricio Juan y Aníbal Crivelli podrá fijar fecha para que los acusados digan sus últimas palabras y luego dar a conocer el veredicto.

El debate, que comenzó el 5 de agosto, se realiza a puertas cerradas por ser de instancia privada ya que se trata de delitos de abuso sexual.

Los ex alumnos declararon a través de cámaras Gessell en lenguaje de señas y con el acompañamiento del Equipo de Abordaje de Abuso Sexual (Edeaas) para evitar su revictimización.

En noviembre de 2016 salieron a la luz los casos de abusos sexuales supuestamente cometidos contra alumnos hipoacúsicos del lnstituto Antonio Próvolo, situado en la localidad mendocina de Lujan de Cuyo, y en la investigación judicial que se dividió en tres causas hay una docena de acusados como autores materiales, partícipes y encubridores de distintos delitos sexuales.

Tras una audiencia preliminar en 2018 el ex empleado del Próvolo, Jorge Bordón, luego de confesar la autoría de una decena de delitos fue condenado a 10 años de prisión en un juicio abreviado.