Uruguay puso en marcha la Ley de Eutanasia, conocida como "muerte digna", luego de que el presidente Yamandú Orsi firmara el decreto reglamentario que habilita su implementación en todo el país.

Con esta decisión, el país se convierte en el tercer país de América Latina en legalizar la muerte médicamente asistida, junto a Colombia y Ecuador, y el undécimo a nivel mundial.

La normativa, aprobada en octubre de 2025 tras un extenso debate político y social, establece un marco legal específico para que personas con enfermedades graves puedan solicitar el procedimiento bajo condiciones estrictas.

"La dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas", expresó el presidente tras firmar la reglamentación.

La ley establece que podrán acceder a la eutanasia las personas mayores de edad que se encuentren en pleno uso de sus facultades mentales y que padezcan una enfermedad incurable e irreversible, ya sea en etapa terminal o con un deterioro grave y progresivo de su calidad de vida.

Además, el paciente debe manifestar su voluntad de forma libre, consciente y por escrito, con la posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento.

El procedimiento contempla múltiples instancias de control médico. En primer lugar, el médico tratante debe evaluar la situación clínica e informar sobre todas las alternativas disponibles, incluyendo los cuidados paliativos.

Luego interviene un segundo profesional de la salud, quien debe confirmar tanto el diagnóstico como la voluntad del paciente. Si ambos coinciden, se realiza una nueva instancia de ratificación antes de avanzar.

La reglamentación también prevé la creación de una Comisión Honoraria de Revisión, bajo la órbita del Ministerio de Salud Pública, que tendrá como objetivo supervisar cada caso y garantizar el cumplimiento de los protocolos.

Este organismo funcionará como un sistema de control independiente para asegurar que la aplicación de la ley se realice de forma transparente y dentro del marco legal.

En paralelo, el Gobierno destacó que esta normativa se complementa con la ley de cuidados paliativos, con el objetivo de ofrecer un abordaje integral para quienes atraviesan enfermedades complejas.

La entrada en vigor de esta legislación marca un hito en la región y reabre el debate sobre el derecho a decidir en el final de la vida.