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Demanda indígena contra hidroeléctrica en Ecuador abre jurisprudencia

La Corte Constitucional de Ecuador desarrollará jurisprudencia a partir de una sentencia de la Corte provincial de Pastaza (este) que paralizó la construcción de una hidroeléctrica en una comunidad amazónica Kichwa, por vulnerar derechos de la naturaleza y de las comunidades.

Miercoles, 5 de Agosto de 2020
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"La Sala de Selección (de la Corte Constitucional resuelve: Seleccionar el caso No. 1754-19-JP para el desarrollo de jurisprudencia (…)", dijo el martes la Corte Constitucional de Ecuador.

La Corte añadió que dicho caso tiene relevancia o trascendencia nacional porque podría pronunciarse sobre la posibilidad de que determinados ecosistemas o territorios sean o no sujetos de protección especial a causa del valor cultural y simbólico que las comunidades indígenas les otorgan.

En septiembre, la Corte Provincial de Pastaza declaró la vulneración a los derechos de la naturaleza y de las comunidades al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al agua, a la identidad cultural y a la consulta previa, ante una acción de protección planteada por indígenas kichwas para suspender la construcción de la hidroléctrica sobre el río Piatúa.

Como medida de reparación, los jueces ordenaron que se suspenda la ejecución del proyecto por parte de una empresa privada, con una inversión estimada en 57 millones de dólares.

De acuerdo con la Agencia de Control y Electricidad de Ecuador, la hidroeléctrica, de 30 megavatios de potencia, debía aprovechar las aguas del río Piatúa, en el límite provincial entre las provincias amazónicas de Napo y Pastaza.

Según los demandantes, la presa utilizaría el 90% del caudal del río, lo que comprometería su existencia y la de las especies de flora y fauna que dependen del mismo.

Adicionalmente, para el pueblo originario Kichwa el río Piatúa está ligado a su identidad cultural y es sagrado con sus piedras y aguas con facultades curativas.

Previo a la acción de protección que favoreció las comunidades, la Corte de Pastaza retiró la autorización del uso y aprovechamiento del caudal y revocó la licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente de Ecuador.