La presentación judicial de Cristina Fernández de Kirchner ante la ONU dividió opiniones entre especialistas del derecho. El abogado Francisco Oneto afirmó que un dictamen favorable del Comité de Derechos Humanos de la ONU habilitaría la revisión de la condena en la Causa Vialidad, sustentando su postura en el artículo 366, inciso F, del Código Procesal Penal Federal, el cual contempla la apertura de sentencias firmes tras el pronunciamiento de un órgano de aplicación de tratados internacionales.

Oneto remarcó que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos faculta al organismo a intervenir en denuncias individuales, respaldando la validez del reclamo presentado por los abogados de la exvicepresidenta -Carlos Beraldi, Javier Borrego y Rafael Valim-, quienes solicitaron medidas cautelares sobre la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la prisión domiciliaria y la integración de la Corte Suprema.

La postura de Cúneo Libarona y los límites institucionales

Por su parte, el exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona rechazó que la ONU tenga potestad imperativa para interferir en las resoluciones de la Justicia argentina. Si bien admitió el derecho a apelar en tribunales internacionales, planteó que el fallo fue confirmado por quince jueces en distintas instancias procesales.

Cúneo Libarona diferenció las funciones del Comité de la ONU de las atribuciones jurisdiccionales que ostenta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asegurando que ningún organismo de esa naturaleza puede resolver la participación de un ciudadano en actos eleccionarios ni anular la cosa juzgada en el orden interno.