La Justicia británica ordenó congelar activos soberanos argentinos en el marco de la causa por el denominado "Cupón PBI", en la que el país fue condenado a pagar unos US$1800 millones por la manipulación de estadísticas oficiales.

La medida fue dispuesta por la Corte de Londres, que instruyó al banco Lloyds a inmovilizar cualquier activo vinculado al Estado argentino hasta la realización de una audiencia prevista para el próximo 21 de abril.

Por el momento, no se conoce qué bienes concretos podrían verse alcanzados por la orden. Según especialistas, ese detalle se definirá en la próxima instancia judicial.

Desde la Procuración del Tesoro indicaron que la Argentina apelará la decisión y sostuvieron que no existen activos embargables en el Reino Unido, más allá de cuentas o bienes diplomáticos, que cuentan con inmunidad.

El conflicto se origina en una sentencia firme contra el país, que solo abonó unos US$300 millones como garantía para apelar el fallo inicial, que luego fue ratificado por la Justicia británica.

Ante la falta de pago del total de la condena, los demandantes avanzaron con acciones para ejecutar el cobro mediante embargos sobre activos argentinos en el exterior.

En ese contexto, en febrero la Justicia londinense ya había ordenado al país entregar información detallada sobre cuentas bancarias internacionales, deudas con acreedores y contratos vinculados a sectores estratégicos como energía y explotación offshore.

Además, en marzo los fondos demandantes, liderados por Palladian Partners, impulsaron una nueva demanda para ampliar el reclamo económico.

Según su planteo, si la Argentina hubiera mantenido la fórmula original de cálculo del PBI, debería haber pagado intereses adicionales en varios períodos, lo que podría sumar otros 1600 millones de euros a la deuda.

La causa tiene su origen en la modificación de las estadísticas del INDEC durante el kirchnerismo. Los bonos "Cupón PBI" estaban atados al crecimiento económico, y se activaban cuando este superaba determinados niveles.

El reclamo judicial sostiene que el país cambió la metodología de cálculo y reportó un crecimiento de 3,2% en 2013, apenas por debajo del 3,3% necesario para gatillar el pago de intereses.

De esta manera, los demandantes argumentan que la Argentina evitó cumplir con sus obligaciones, lo que dio origen al litigio que hoy tiene fallos adversos en el Reino Unido.

El caso presenta además un frente abierto en Estados Unidos, donde la causa aún se encuentra en trámite, mientras que en Londres la sentencia ya quedó firme tras el rechazo de la Corte Suprema británica a intervenir.