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La Justicia intimó a Marcelo Porcel, empresario denunciado por abuso infantil y corrupción de menores, a informar su domicilio en Argentina luego de que se determinara que regresó antes de lo previsto desde Uruguay.
El juez nacional en lo Criminal y Correccional Carlos Bruniard ordenó que el empresario Marcelo Porcel, acusado de abuso infantil en un colegio privado de Palermo, informe dónde vive actualmente en Argentina, tras comprobar que había regresado al país antes de la fecha que había notificado a las autoridades.
Porcel había solicitado autorización judicial para viajar desde el 17 de diciembre al 5 de enero -alegando un casamiento familiar en Punta del Este, Uruguay- y había dejado registrado un punto de hospedaje en Torre Le Parc, frente a Playa Brava. Sin embargo, la Justicia advirtió que regresó a Argentina el 19 de diciembre, sin haberlo comunicado.
El empresario es investigado por presuntos abusos sexuales y corrupción de menores, en hechos denunciados por excompañeros de curso del hijo de Porcel, que asistían a un colegio de Palermo Chico. Según diversas fuentes judiciales, ya se han sumado múltiples acusaciones en la causa, con relatos de diversas situaciones ocurridas en la lujosa torre donde solía reunirse con los adolescentes.
La defensa de las familias querellantes sostiene que, por la gravedad de los hechos, el tribunal debería haber avanzado con la indagatoria y detención del empresario, aunque hasta el momento solo se dictaron restricciones cautelares y la medida para informar su residencia.
La querella ha solicitado formalmente que Porcel sea citado a indagatoria, aunque la fiscalía incorporó recientes denuncias para evitar "duplicación de actos procesales" antes de avanzar con la declaración. La decisión generó críticas por parte de los abogados de las víctimas, que consideran que cada caso debe tratarse de forma independiente debido a su especificidad y a la cantidad de testimonios acumulados.
La causa sigue en plena etapa de investigación, con medidas judiciales complementarias en marcha para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en un proceso que ha generado gran atención pública y conmoción en la comunidad educativa.
