Desde que Javier Milei asumió la Presidencia, el Estado argentino aplicó un ajuste considerable del gasto público, que equivale a aproximadamente 38 000 millones de dólares a precios constantes respecto de 2023, según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

En términos porcentuales, el recorte implicó una caída de 27,2 % del gasto primario, al pasar de alrededor de 185 billones a 134 billones de pesos en los primeros dos años de gestión, lo que refleja la profundidad del ajuste aplicado a las cuentas públicas.

Sectores más afectados por la "motosierra"

Los mayores recortes se concentraron en partidas clave de gasto estatal: las transferencias de capital a las provincias cayeron cerca de 93,8 %, mientras que los subsidios a otras funciones del Estado se redujeron en un 83,9 % y la inversión real directa retrocedió 73,5 %.

Asimismo, el gasto salarial del Estado nacional se redujo en torno al 26 %, lo que forma parte del plan general de austeridad que busca disminuir la presión fiscal y el déficit.

Contrariamente, algunos rubros específicos mostraron incrementos: el gasto en Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentó alrededor de 70 % en términos reales -esto es, después de descontar la inflación- y se mantuvo estable el gasto en el PAMI.

Efectos y debate económico

Analistas señalan que este fuerte ajuste del gasto público, parte del denominado efecto "motosierra" promovido por la administración, ha tenido impacto en varios niveles de la economía nacional. Aunque contribuyó a una reducción del déficit fiscal, también ha generado controversias respecto a sus efectos socioeconómicos y su incidencia en programas sociales y transferencias a jurisdicciones sub nacionales.

El recorte de partidas históricamente sensibles, como los subsidios energéticos y las inversiones públicas, se enmarca en una estrategia de achicar el Estado y reorientar recursos, un plan que el Gobierno anticipa continuar en 2026.

Perspectivas para el presupuesto futuro

El ajuste aplicado hasta diciembre de 2025 prepara el terreno para el Presupuesto 2026, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, y donde el Gobierno ha manifestado su intención de seguir reduciendo gastos para consolidar un equilibrio fiscal sostenido.

Esta política presupuestaria se inserta en un marco más amplio de reformas económicas impulsadas por Milei para transformar el rol del Estado y la estructura de gasto del país, lo que genera debates intensos sobre sus efectos a mediano y largo plazo en la economía argentina.