Según el juez, los dichos de los imputados colaboradores fueron aportes "sustanciales" para detectar esa "estructura delictiva", en referencia a la presunta asociación ilícita destinada a montar un sistema de pagos ilegales por parte de empresarios a funcionarios del gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner.
Uno de los requisitos de la figura del imputado colaborador o "arrepentido" es que los dichos sean certificados para obtener un beneficio, como puede ser la reducción de una eventual pena que le podría caber.
Los arrepentidos son ex funcionarios como José López, el ex titular del órgano contralor de peajes Claudio Uberti, el contador histórico de la familia Kirchner Víctor Manzanares y Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz quien fue un estrecho colaborador del matrimonio presidencial, entre otros.
También empresarios como Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción; Angelo Calcaterra quien tuvo la firma IECSA; Aldo Roggio, Benjamín Romero, Alberto Taselli, Enrique Pescarmona, Juan Carlos de Goycoechea de Isolux, el financista Ernesto Clarens, y el chofer Oscar Centeno.
"Habiendo analizado lo expuesto por cada uno de los imputados colaboradores mediante la prueba realizada, podemos afirmar que sus testimonios posibilitaron lograr un significativo avance en la investigación llevada a cabo en la presente causa y sus conexas", sostuvo el juez en una resolución.
Según el juez, "en mayor o menor medida, la información que fue suministrada por cada uno de los imputados colaboradores permitió establecer diversos aspectos de los hechos que resultan objeto de la investigación, como así también develar nuevos sucesos delictivos y las personas que intervinieron en los mismos".
En ese sentido, consideró "fundamentales" las fotografías, filmaciones y anotaciones hechas por el chofer Centeno en los distintos pagos que presenció, la mayoría de ellos recepcionados por su jefe, el entonces funcionario del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta.
El juez resolvió "tener por cumplidas las obligaciones contraídas por los imputados colaboradores" quienes en principio a cambio de su confesión recuperaron su libertad. .
Por lo pronto, en la causa ya hay más de 150 personas procesadas, de las cuales 71, en tanto que sólo hay siete detenidos: el ex ministro Julio De Vido, Baratta y los empresarios Gerardo Ferreyra (prisión domiciliaria), Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa y Oscar Thomas (prisión domiciliaria).