Este domingo ha entrado en vigor una ley que obliga a las empresas de telecomunicaciones de China a registrar los parámetros biométricos faciales del usuario de cualquier teléfono móvil nuevo, lo que incrementa el control del Estado sobre la población y su uso de Internet.

Beijin argumenta que esta nueva norma, anunciada en septiembre, pretende “proteger los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos en el ciberespacio”, según recoge el portal de noticias taiwanés Taiwan News.

Esta normativa se suma a la que obliga a conservar las fotografías tomadas cuando se cambie de teléfono móvil o se firme un nuevo contrato con las empresas de telecomunicaciones, lo que hace cada vez más difícil el uso de pseudónimos en Internet sin que las autoridades conozcan la verdadera identidad de los usuarios.

Formalmente pretende atajar fraudes y delitos informáticos, pero estas normas sobre reconocimiento facial han sido criticadas por atentar contra la privacidad de los usuarios.

En China, las cámaras de vigilancia equipadas con tecnología de reconocimiento facial son ubicuas y se utilizan para todo: desde identificar y avergonzar a los transeúntes hasta detener el robo de papel higiénico. Muchas personas entran a su lugar de trabajo escaneando sus rostros, y estas cámaras se han utilizado para detectar a las personas que entran o salen de los campus, edificios residenciales y estaciones de metro.

El número de cámaras de televisión de circuito cerrado en uso en China se ha informado ampliamente en alrededor de 200 millones, y se prevé que este número aumente a 626 millones para 2020, según el periódico hongkonés South China Morning Post.

Un experto en inteligencia artificial china de la Universidad de Oxford, Jeffery Ding, ha alertado en declaraciones a Taiwan News de que las autoridades chinas utilizarán estos escáneres faciales para seguir a la población y vigilar comentarios y acciones.

Las instituciones chinas han empleado ya en varias ocasiones la tecnología de reconocimiento facial para resolver casos polémicos y campañas como la que ha supuesto la detención de más de un millón de musulmanes uigures.