Así lo señalaron fuentes parlamentarias que insistieron con la necesidad de buscar consenso con la oposición para abrir el debate para lograr el apoyo parlamentario al decreto.

En ese marco, en los últimos días, la directora de la Oficina Anticorrupción, la ex diputada macrista Laura Alonso advirtió por las redes sociales que "si el decreto de extinción de dominio es rechazado por la Bicameral, los narcos y los corruptos se quedan con todo lo que tienen".
"Hay que tener la cara muy dura para votar en contra", apuntó.
La comisión, presidida por el diputado nacional del FPV-PJ por Santa Fe y referente de La Cámpora, Marcos Cleri, analiza convocar para este miércoles a ese cuerpo parlamentario, el cual tiene diez días para expedirse en torno a la validez del decreto firmado por el Poder Ejecutivo, días atrás.
Cleri, en declaraciones a Télam, admitió que ese cuerpo se reúna "posiblemente" el miércoles 6, a las 10.30, aunque aclaró que aún no definió la fecha de esa convocatoria.
El decreto ingresó el miércoles formalmente al Congreso, con la firma del presidente Mauricio Macri, y contempla la creación del régimen de extinción de dominio para que el Estado recupere bienes vinculados a casos de corrupción, narcotráfico y trata de personas, entre otros.
En esa comisión, la única que funciona aún durante el receso del Congreso, el oficialismo cuenta con ocho miembros, en tanto que los otros ocho corresponden a la oposición: cuatro responden a Argentina Federal, tres al Frente para la Victoria-PJ, y la otra es la senadora salteña Cristina Fiore Viñuales.
Por eso, en caso de un supuesto empate, el presidente de la comisión, en este caso el kirchnerista Cleri, tendría doble voto.
Si bien dictámenes de la bicameral no son vinculantes, para que sea desactivado un DNU, se necesita que ambas cámaras del Congreso rechacen la medida con mayoría simple de votos en los respectivos recintos.
De todos modos, será clave la presencia de los legisladores en la reunión, así como la posición que adopten en ese cuerpo, sobre todo, los legisladores del justicialismo, que responden a Argentina Federal, cuya posición podría inclinar la balanza en el seno de la comisión, y dejaría en evidencia quiénes se pronuncian en contra de la medida que busca recuperar los bienes de la corrupción.
A través del decreto, se crea una Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional, con facultades para realizar investigaciones de oficio así como colaborar con la identificación y localización de bienes que pudieran provenir de alguno de los delitos previstos en el régimen, como los relacionados con el patrimonio público, el narcotráfico y el crimen organizado.
De acuerdo a cálculos del Gobierno, hay actualmente alrededor de 245 mil millones de pesos en bienes sometidos a medidas cautelares en causas por corrupción, narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas.
Muchos de esos bienes están bajo custodia o son administrados por diferentes organismos del Estado, lo que implica generar costos para el erario público.
Pero el lento accionar de la Justicia y la demora del Congreso, debido a diferencias en los bloques, en sancionar la ley, impulsaron al Poder Ejecutivo a firmar el decreto para agilizar el uso de esta herramienta.