El pasado lunes, el presidente Mauricio Macri firmó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) para recuperar bienes de corruptos y narcotraficantes a través de la extinción de dominio, una medida con la que el Gobierno apuesta a recaudar hasta 300 mil millones de pesos. El organismo para administrar este dinero, que podría incluir inmuebles, autos o embarcaciones, entre otros bienes, será la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Así lo dispone el artículo 13 del texto firmado por el Jefe de Estado: "Durante la tramitación del proceso de extinción de dominio, la administración y el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles sometidos a medidas cautelares de desapoderamiento estará a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado".

A pesar del DNU publicado en Boletín Oficial, para que esta herramienta legal entre el funcionamiento es necesario que pase por el Congreso, donde el proyecto de ley quedó en un limbo parlamentario luego de la media sanción que le dio Diputados y los cambios que se realizaron en la discusión en el Senado.

Pero, ¿cómo es el proceso para que el dinero de esos bienes fruto del delito ingrese a las arcas del Estado? Los inmuebles, aprobados para venta por disposición judicial, se subastan mediante el Sistema de Gestión Electrónica para las subastas públicas, que permite la participación de cualquier persona desde cualquier punto del país y también desde el exterior.
Hasta el momento, y sin contar lo que podría ser desafectado por la extinción de dominio, a través de este mecanismo el Estado vendió más de 70 inmuebles que implican un gasto para el Estado y recaudó, aproximadamente, 500 millones de dólares.

"Desde la AABE trabajamos con el compromiso de administrar de la forma más óptima y eficiente el patrimonio de todos los argentinos. Estamos convencidos de que los inmuebles del Estado son una herramienta que permite generar valor en las comunidades y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", manifestó el presidente de la AABE, Ramón Lanús.

Por otro lado, al menos 200 mil millones de pesos se encuentran embargados por la Justicia en causas de corrupción. Así lo revelaron a Infobae fuentes del Ministerio de Justicia, luego del anuncio de la firma del DNU por parte del Mauricio Macri. El número surge de los expedientes en donde la Oficina Anticorrupción se presentó como querellante. Por eso, señalan en Tribunales, esa cifra podría incrementarse si se le suman aquellas causas en donde ese organismo del Estado no interviene.

También se elevaría de manera exponencial si se le suman las causas de narcotráfico. En diciembre pasado, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich había dicho que los bienes personales y dinero en efectivo que fueron confiscados de narcotraficantes en los últimos tres años implicaban unos USD 593 millones, el equivalente a la construcción de 17.500 viviendas.

La funcionaria nacional, consultada esta semana en radio La Red, aseguró que una vez que entre en vigencia la extinción de dominio el Estado podría recuperar hasta 300 mil millones de pesos. "Es una cifra impresionante; yo no puedo luchar contra el narcotráfico si no le saco las cosas, y así les estamos sacando el capital de trabajo, porque los narcos no compran un avión porque les gusta volar, sino porque lo usan para transportar la droga", aseguró.