La investigación judicial sobre Manuel Adorni dio un nuevo paso este viernes, luego de que el juez federal Ariel Lijo ordenara el levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero del jefe de Gabinete, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

La medida fue impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita y alcanza también a su esposa, Bettina Angeletti, y a la firma AS Innovación Profesional, vinculada a la pareja.

El objetivo central de la decisión judicial es "reconstruir con precisión la evolución patrimonial, económica y financiera" de Adorni y su entorno cercano.

En ese sentido, el fiscal busca verificar el origen de los fondos, contrastar la información declarada oficialmente y analizar si los movimientos registrados se corresponden con los ingresos declarados.

La investigación también pone el foco en un grupo de personas que aparecen como prestamistas en la documentación presentada. Por ese motivo, la Justicia ordenó el levantamiento del secreto fiscal de varias mujeres vinculadas a esas operaciones, con el objetivo de determinar si contaban con la capacidad económica real para cumplir ese rol.

El análisis patrimonial abarcará un período amplio. Según lo dispuesto, se revisarán los movimientos desde el 1 de enero de 2022, es decir, incluso antes del ingreso de Adorni a la función pública.

El objetivo es comparar la evolución de sus bienes antes y después de asumir el cargo, para detectar posibles inconsistencias.

Como parte de las medidas de prueba, el fiscal ya solicitó al Banco Central de la República Argentina un informe completo sobre todas las cuentas, productos financieros, tarjetas, créditos y movimientos bancarios registrados a nombre de Adorni, su esposa y las empresas vinculadas.

Además, la causa también incluye el análisis de viajes realizados por el funcionario y su entorno. En particular, se investiga un vuelo de regreso desde Estados Unidos, en el que tanto Adorni como Angeletti viajaron en clase ejecutiva.

Según consta en la causa, el pasaje del jefe de Gabinete fue registrado como "misión oficial", con un costo cercano a los 4.900 dólares, mientras que el de su esposa fue abonado de forma particular por más de 5.100 dólares.

El avance de estas medidas marca un nuevo capítulo en una investigación que busca determinar si existieron irregularidades en la evolución patrimonial del funcionario, en un contexto de creciente atención pública sobre la transparencia en la función pública.