· 
Mendoza
15°C
El Gobierno evalúa crear un fondo para reequipar a las Fuerzas Armadas con el 10% de lo recaudado por la venta de activos estatales, en el marco de su plan de reformas y privatizaciones.
El presidente Javier Milei analiza la creación de un fondo específico para la compra de armamento destinado a las Fuerzas Armadas, financiado con el 10% de los ingresos provenientes de la venta de activos del Estado.
La iniciativa apunta a utilizar recursos obtenidos por privatizaciones, venta de terrenos y otros bienes públicos para reforzar el equipamiento militar, en el marco de una nueva etapa de la reforma del Estado que el Gobierno busca acelerar durante 2026.
Según estimaciones oficiales, el esquema podría generar entre US$1500 millones y US$3000 millones, lo que permitiría sostener compras de gran escala sin depender exclusivamente del presupuesto corriente.
El objetivo central es reducir activos estatales y, al mismo tiempo, fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, vinculando ingresos extraordinarios con inversiones en Defensa.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es su implementación. En el Gobierno analizan avanzar mediante decreto, aunque reconocen que la legislación vigente establece que los fondos con asignación específica deben ser creados por ley.
Esta situación abre un debate jurídico sobre la viabilidad del esquema, cuya ingeniería legal aún está en estudio dentro de la Casa Rosada.
El antecedente más cercano es el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), creado en 2020 para financiar el reequipamiento militar, aunque recientemente perdió su principal fuente automática de financiamiento.
En paralelo, el Gobierno ya avanza en distintos proyectos de incorporación de equipamiento, como vehículos blindados, aviones de combate y helicópteros, además de planes en estudio para submarinos y buques.
El funcionamiento del fondo dependerá en gran medida del avance del programa de privatizaciones y venta de bienes estatales, que el Ejecutivo busca acelerar durante este año.
La apuesta oficial es que estos recursos extraordinarios permitan financiar el reequipamiento militar sin aumentar el gasto estructural del Estado, alineando la política de Defensa con el proceso de reducción del sector público.
