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Un informe oficial detectó que al menos 50 efectivos condenados por crímenes de lesa humanidad continúan en condición de retirados, con acceso a beneficios como pensiones y cobertura de salud.
Un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) reveló que al menos 50 efectivos condenados por crímenes de lesa humanidad en Argentina nunca fueron dados de baja de las fuerzas a las que pertenecían.
La investigación, iniciada en 2022, detectó inicialmente un total de 78 casos de militares y policías en esta situación. Sin embargo, pese a los pedidos formales para regularizar su estatus, más de medio centenar continúa figurando como retirado.
Al no haber sido dados de baja, estos efectivos mantienen condiciones propias del retiro, lo que incluye el acceso a pensiones y cobertura de salud, beneficios que deberían cesar tras una condena firme.
El informe advierte que esta situación implica una irregularidad administrativa y también un incumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.
La investigación se originó a partir de tres casos puntuales, vinculados a integrantes de la Policía Federal y la Gendarmería, que permanecían en condición de retirados pese a tener condenas.
A partir de ese análisis inicial, la PIA amplió la revisión y encontró que el problema se extendía a distintas fuerzas de seguridad y a las Fuerzas Armadas, lo que evidenció una situación más amplia de lo previsto.
El organismo remarcó que la baja de estos efectivos no solo responde a normas internas, sino también a compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos humanos.
En ese sentido, subrayó que permitir que personas condenadas mantengan beneficios estatales puede afectar los principios de memoria, verdad y justicia vinculados a los delitos cometidos durante la última dictadura.
El informe se conoce en la antesala de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, en un contexto en el que continúan los debates sobre las políticas de derechos humanos en el país.
La situación detectada vuelve a poner en discusión el funcionamiento de los mecanismos administrativos y judiciales, así como el cumplimiento efectivo de las sanciones aplicadas en causas por delitos de lesa humanidad.
