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La Justicia otorgó un sobreseimiento parcial a Lázaro Báez y su entorno en una causa por evasión, tras aplicar la Ley de Inocencia Fiscal, que elevó los montos mínimos para considerar delito.
La Justicia benefició al empresario Lázaro Báez, sus hijos y otros imputados con un sobreseimiento parcial en una causa por presunta evasión impositiva, tras la entrada en vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal impulsada por el Gobierno.
La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3, que aplicó la nueva normativa al considerar que resulta más favorable para los acusados, un principio clave del derecho penal argentino.
La Ley de Inocencia Fiscal modificó los umbrales para que una evasión sea considerada delito.
Evasión simple: de $1,5 millones a $100 millones
Evasión agravada: de $15 millones a $1.000 millones
A partir de estos nuevos límites, la defensa de Báez solicitó el sobreseimiento al argumentar que los montos investigados quedaban por debajo del nuevo piso legal.
Los jueces dispusieron el sobreseimiento parcial para Báez, sus hijos y otros acusados con relación a varios períodos fiscales, ya que no superaban los nuevos montos exigidos por la ley.
Sin embargo, la causa no quedó completamente cerrada: se mantiene la investigación por el año 2012, donde los montos de evasión sí superaban los $100 millones.
Además, uno de los hijos del empresario recibió un sobreseimiento total, mientras que otros imputados también fueron beneficiados por la medida.
El fallo se basó en el criterio de aplicar la norma más favorable al imputado, incluso de forma retroactiva. Esto implica que, si una nueva ley reduce el alcance penal de un delito, debe aplicarse también a causas anteriores.
Este principio fue clave para que gran parte de la causa quedara sin efecto, ya que los hechos investigados dejaron de encuadrar como delito bajo la nueva legislación.
La aplicación de esta ley ya generó controversia en el ámbito judicial y político, ya que podría impactar en numerosas causas por evasión abiertas en todo el país.
Mientras algunos sectores destacan que permite ordenar el sistema penal tributario, otros advierten que podría derivar en el cierre de investigaciones relevantes si los montos no superan los nuevos umbrales.
