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El fotógrafo Pablo Grillo, que resultó gravemente herido durante la represión frente al Congreso en marzo de 2025, se presentó formalmente como querellante en la causa judicial y pidió que se investigue la cadena de mando del operativo, incluyendo a jefes de la Gendarmería y al Ministerio de Seguridad por el diseño, conducción y supervisión de la intervención.
El fotógrafo Pablo Grillo, quien resultó gravemente herido el 12 de marzo de 2025 durante una represión policial frente al Congreso mientras cubría una movilización, se presentó formalmente como querellante particular en la causa que investiga el hecho. Su escrito fue presentado desde el Hospital Manuel Rocca, donde continúa con su rehabilitación tras las graves lesiones sufridas.
Grillo explicó que se presenta como querellante porque ahora se encuentra en condiciones de ejercer los derechos que le reconoce el Código de Procedimiento como víctima directa de los delitos que se investigan.
Con el patrocinio de las abogadas Claudia Cesaroni y Agustina Lloret, la querella solicitó que se amplíe la investigación judicial para que no solo se fijen responsabilidades sobre el autor material del disparo, sino también sobre la cadena de mando del operativo represivo.
El escrito señala a jefes de la Gendarmería Nacional y a funcionarios del Ministerio de Seguridad, por considerar que su acción u omisión contribuyó al accionar del cabo primero Héctor Jesús Guerrero, procesado por efectuar disparos con una pistola lanzagases en dirección a manifestantes -práctica prohibida por protocolos-.
La presentación plantea que, si los funcionarios encargados de supervisar el operativo hubieran intervenido para controlar o frenar el accionar de Guerrero, "hoy Pablo estaría completamente sano y salvo".
Entre los señalados por la querella figuran jefes de grupo de Gendarmería, el comisario inspector de la Policía Federal que actuó como fiscalizador, el jefe del Destacamento Móvil 6 y el jefe del Primer Escuadrón Contradisturbios, quienes, según los registros fílmicos, no habrían actuado para evitar el uso irregular del arma.
La querella advirtió que la investigación interna contra el gendarme fue cerrada "sin fundamentos", lo que habría favorecido la impunidad y protegido a los involucrados. El escrito también cuestiona declaraciones públicas de la exministra de Seguridad, que, según la querella, intentaron instalar versiones que responsabilizaban a la víctima en lugar de reconocer la evidencia existente.
Grillo solicitó que la causa avance más allá del autor material del disparo y aborde las responsabilidades políticas, operativas y jerárquicas detrás del diseño, conducción y control del operativo represivo.
