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La iniciativa legal para bajar la edad de imputabilidad penal en Argentina propone penas limitadas para adolescentes, un enfoque con énfasis en la protección de su identidad y garantías judiciales, y busca equilibrar sanción con derechos fundamentales.
La ley que busca bajar la edad de imputabilidad en Argentina -en debate parlamentario y legislativo- plantea un cambio significativo en el sistema penal juvenil. La iniciativa contempla que adolescentes de entre 15 y 17 años puedan responder penalmente con ciertas limitaciones específicas, con foco en medidas socioeducativas y resguardos que eviten tratamientos equivalentes al de adultos.
El proyecto no consiste en aplicar penas carcelarias plenas como las de un adulto, sino en un sistema que combine sanciones proporcionales con elementos de resguardo en la identidad y el desarrollo personal del menor, incluyendo límites claros en el tipo y duración de las penas.
Uno de los puntos centrales del proyecto es que las penas aplicables a adolescentes imputables sean acotadas, con topes máximos menores a los que se imponen a mayores de edad. La intención es mixturar medidas socioeducativas, tratamientos terapéuticos y restricciones específicas, priorizando la rehabilitación por sobre la reclusión prolongada.
Según el texto en discusión, las sanciones para adolescentes imputables no superarían ciertos umbrales de años de cumplimiento efectivo, y se prevén alternativas como libertad asistida, programas de restitución y talleres de reinserción para evitar penas de prisión comunes.
Un capítulo importante de la normativa propuesta es el resguardo de la identidad de los adolescentes imputables, con disposiciones que buscan proteger su privacidad y evitar la estigmatización social. Esto implica que los procesos y causas vinculados a menores se tramitarían bajo protocolos especiales, con restricciones en la difusión pública de datos personales.
La norma también refuerza que el acceso a antecedentes penales debe ser limitado o eliminado en muchas circunstancias, con el objetivo de que un error de juventud no impida el desarrollo futuro del adolescente tras cumplir las medidas asignadas.
La propuesta ha generado un amplio debate público y político. Quienes apoyan la baja de la edad de imputabilidad señalan que se trata de una adaptación del sistema penal a realidades actuales, donde ciertos delitos graves cometidos por adolescentes requieren respuestas más firmes pero equilibradas.
Por otro lado, sectores críticos advierten que sin dispositivos adecuados de prevención y educación podría derivar en estigmatización social y represión de jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, y piden políticas sociales integrales en lugar de endurecer la respuesta penal.
El proyecto sigue su paso por comisiones y debates en ambas Cámaras, con intervenciones de especialistas en derecho penal juvenil, organizaciones sociales y miembros de la sociedad civil que han presentado opiniones a favor y en contra.
La discusión se da en un contexto en el que varios países de la región han revisado sus edades de imputabilidad y actualizado sus marcos legales para responder a fenómenos de delincuencia juvenil, generando comparaciones que influencian el debate local.
