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Mendoza
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El Ejecutivo nacional confirmó que incluyó en el temario de sesiones extraordinarias el tratamiento de la Ley Penal Juvenil, con el objetivo de bajar la edad de imputabilidad penal a 13 años, aunque no descarta negociar una reducción a 14 para obtener consensos en la Cámara de Diputados.
El Gobierno nacional dio un nuevo paso para avanzar con una de sus propuestas más discutidas en materia de seguridad: reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 13 años. La iniciativa formará parte del temario de sesiones extraordinarias del Congreso Nacional, que comenzarán en febrero, luego de que el oficialismo confirmara su inclusión tras reuniones de la mesa política en Casa Rosada.
La Ley Penal Juvenil, que ya había sido presentada en años anteriores y cuenta con antecedentes de dictamen en comisiones de la Cámara de Diputados, volverá a ser debatida en el recinto en los próximos meses. El oficialismo aspira a que el debate se inicie primero en Diputados antes de pasar al Senado, en un proceso que buscará consensos amplios con aliados y sectores de la oposición para que la propuesta pueda avanzar.
El proyecto que impulsa el Ejecutivo prevé que a partir de los 13 años se pueda imputar penalmente a los menores que cometan delitos tipificados como graves en el Código Penal. Sin embargo, fuentes oficiales señalaron que no descartan flexibilizar la propuesta para aceptar 14 años si eso facilita el respaldo de otras fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, donde se iniciará su tratamiento.
Esta estrategia legislativa apunta a reactivar un debate que ya había sido impulsado con fuerza en 2025 y que, pese a haber avanzado en comisiones y obtenido dictámenes, no logró ser sometido a votación plena. El reciente impulso responde, en parte, a la agenda de seguridad que el Gobierno ha promovido tras episodios de violencia juvenil que sacudieron a la opinión pública, aunque también genera un campo de disputa dentro del arco político sobre cómo abordar la responsabilidad penal de los menores.
La baja de la edad de imputabilidad fue incluida en varias propuestas parlamentarias discutidas en el último año, con posturas que van desde los 12 hasta los 14 años en diferentes textos alternativos, muchos de los cuales contemplan sanciones diferenciadas o alternativas a la prisión para casos menos graves.
La decisión del Gobierno de insistir con esta medida en las sesiones extraordinarias coloca la iniciativa entre las prioridades legislativas de inicio de año, junto a otros temas de la agenda oficial como la reforma laboral y acuerdos internacionales. Queda por ver cómo responderán los bloques con mayor representación en Diputados, donde el debate se perfila como uno de los más arduos del período.
