En medio de las discusiones por el financiamiento y la gestión del sistema universitario público argentino, la diputada nacional por La Libertad Avanza, Mercedes "Mechi" Llano, presentó un proyecto de ley con el objetivo de incrementar la transparencia y rendición de cuentas de las universidades nacionales.

La iniciativa propone modificar la Ley de Educación Superior para establecer obligaciones claras de publicidad y acceso a la información financiera de las casas de estudios que reciben fondos públicos del Estado nacional.

Más información pública sobre fondos

Según el texto del proyecto, las universidades deberán publicar de forma permanente y accesible detalles sobre:

• El presupuesto recibido y su desglose por partidas.

• Transferencias de fondos y su destino específico.

• Nomina salarial de autoridades, docentes y personal no docente.

• Contrataciones, licitaciones y convenios con proveedores.

• Resultados académicos, como producciones científicas y estadísticas institucionales.

La idea es que toda esta información esté disponible de manera pública y sencilla de consultar, con el objetivo de facilitar el control ciudadano sobre el uso de recursos del Estado y fortalecer la confianza en la gestión de las universidades.

Autonomía vs. control

Llano -quien además es docente universitaria- remarcó que su proyecto no busca debilitar la autonomía universitaria, sino "fortalecerla con mecanismos de transparencia que eviten opacidad en la administración de fondos públicos". En ese sentido, aseguró que la medida facilitará el acceso a la información pública y el control social sobre las finanzas de las instituciones educativas.

La iniciativa llega en un contexto político en el que el financiamiento de las universidades ha sido objeto de debate entre distintos bloques legislativos y el Poder Ejecutivo, especialmente tras maniobras presupuestarias y vetos a leyes de financiamiento aprobadas por el Congreso.

Pasos legislativos por delante

Ahora el proyecto deberá ser analizado en comisiones en el Congreso, en un marco de intensas negociaciones y debates sobre la gestión de la educación pública en Argentina. Sus impulsores esperan que, con mayor transparencia, se puedan conocer con precisión cómo se destinan y utilizan los recursos que el Estado asigna a las universidades.

Las discusiones sobre este tema se entrelazan con las del presupuesto general, la actualización de partidas para gobiernos universitarios y las tensiones políticas en torno al rol del Estado en la educación superior.