La propuesta de reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei se convirtió en un nuevo foco de tensión entre gobernadores, con mandatarios que expresaron reservas sobre aspectos del proyecto que se debatirá en el Congreso nacional. Las diferencias internas en el peronismo federal, junto con posturas críticas de otras provincias, obligan al oficialismo a abrir intensas negociaciones para sumar los votos necesarios antes de su tratamiento.

Mientras algunos gobernadores marcaron su apoyo general a la modificación de la normativa laboral con el argumento de modernizar el régimen vigente, otros manifestaron inquietudes sobre el impacto que ciertas medidas podrían tener en la coparticipación y las finanzas provinciales, así como en la protección de derechos laborales fundamentales.

La estrategia de Milei para asegurar apoyos

Ante este escenario, el presidente Javier Milei y su equipo político intensificaron el diálogo con mandatarios provinciales y legisladores de distintos bloques, con el objetivo de construir consensos y garantizar quórum en el Congreso antes de que comience el debate formal sobre la reforma.

El ministro del Interior, Diego Santilli, lidera reuniones con gobernadores de diversas regiones, en busca de despejar dudas y acordar posibles ajustes al texto del proyecto que permitan sumar respaldos adicionales. La Casa Rosada también analiza contrapartidas orientadas a obras públicas, redistribución de recursos o beneficios fiscales para persuadir a mandatarios preocupados por las implicancias fiscales de la iniciativa.

La necesidad de negociar surge no solo por las diferencias internas entre los mandatarios provinciales, sino también por la distribución de fuerzas en ambas cámaras del Congreso, donde el oficialismo no tiene mayoría propia y depende de acuerdos transversales para abrir el debate y obtener sanción.

Los puntos en discusión

Entre los temas que generaron discrepancias se mencionan modificaciones al régimen de indemnizaciones, la flexibilización de algunos regímenes laborales y el tratamiento de impuestos que podrían afectar recursos coparticipables. Gobernadores de provincias con economías más vulnerables expresaron su preocupación por el impacto de ciertos cambios en las finanzas locales y el empleo, lo que llevó a plantear la necesidad de protecciones específicas o mecanismos compensatorios.

En tanto, desde sectores del oficialismo sostienen que la reforma es una pieza clave para estimular la inversión, generar empleo formal y modernizar el marco laboral argentino, y confían en poder acercar posiciones con interlocutores provinciales.

¿Hacia dónde va el debate?

Con la apertura de las sesiones extraordinarias prevista para febrero, el Gobierno busca cerrar acuerdos antes de que el proyecto llegue al recinto. Las negociaciones con gobernadores y bloques provinciales continuarán siendo una pieza central de la estrategia política, junto con un calendario de reuniones técnicas que incluirá cámaras empresarias, sindicatos y actores sociales.

Hasta el momento, la reforma laboral no tiene fecha exacta de tratamiento en el Congreso, pero la Casa Rosada confía en que la construcción de consensos previos permita mitigar objeciones y asegurar un debate con mayores posibilidades de respaldo.