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Mendoza
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En un contexto de negociaciones para lograr quórum y votos clave, el oficialismo retomó el diálogo con gobernadores y bloques provinciales, reactivó obras y estudia posibles compensaciones antes del debate parlamentario de la reforma laboral.
El Gobierno nacional reactivó esta semana las negociaciones con gobernadores y legisladores considerados "dialoguistas" para promover la aprobación de la reforma laboral en el Congreso, prevista para el mes de febrero.
Aunque desde el oficialismo confían en que la iniciativa -que busca modernizar el régimen laboral argentino- cuente con respaldo suficiente tras la sanción del Presupuesto 2026, la estrategia actual incluye vincular concesiones concretas a las provincias para sostener el apoyo político.
Uno de los protagonistas de estas gestiones es el ministro del Interior, Diego Santilli, quien en los últimos días recorrió varias provincias, entre ellas Mendoza y San Juan, para escuchar las demandas de los mandatarios provinciales y ofrecer contrapropuestas.
Como parte de ese posicionamiento, el Gobierno anunció la reactivación de obras claves, como la licitación de la Ruta 7 -vital para la conexión del Mercosur con puertos del Pacífico- y la finalización de la doble vía de la Ruta Nacional 40 en San Juan, dos proyectos largamente reclamados por las administraciones provinciales.
Un punto de especial atención en las conversaciones es el capítulo impositivo de la reforma laboral, que incluiría modificaciones al Impuesto a las Ganancias que podrían disminuir la recaudación coparticipable de las provincias.
Algunos gobernadores ven con inquietud esa posibilidad y exigen garantías o compensaciones por eventuales pérdidas de recursos. En respuesta, desde Casa Rosada analizan diferentes propuestas, que van desde tratar la parte impositiva en forma separada hasta otorgar contrapartidas directas a las jurisdicciones afectadas.
En paralelo, la senadora Patricia Bullrich, líder del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, conformó una mesa consultiva para afinar el dictamen de la reforma laboral y sostener consensos amplios en torno al proyecto.
La intención del oficialismo es llevar la iniciativa al recinto entre el 10 y el 11 de febrero, cuando el Congreso retome sus sesiones extraordinarias y comience el debate formal de la modernización laboral.
Mientras persisten posturas diversas dentro del propio oficialismo y entre gobernadores sobre cómo ajustar el texto final, la carrera política por asegurarse los votos continúa en pleno enero, con una agenda que combina negociaciones, obras públicas y posibles incentivos a las provincias.
