El Gobierno nacional salió a defender la actualización del marco regulatorio de la educación pública de gestión privada sin aportes estatales, con el argumento de que la nueva normativa permitirá que el valor de las cuotas acompañe al resto de los bienes de la economía y ayude a "evitar aumentos arbitrarios en las cuotas".

En un comunicado, el Ministerio de Modernización explicó que la decisión apunta a generar un contexto "más claro" y a promover ajustes "graduales y realistas". "Con ajustes graduales y realistas, las cuotas podrán acompañar la evolución de la economía sin saltos bruscos ni sobrecargos preventivos", indicó la cartera en un parte oficial.

La actualización, impulsada por el Ministerio de Capital Humano, se concretó mediante la derogación del Decreto N.º 2417/1993, que obligaba a los colegios privados sin subvención a informar el importe de matrículas y cuotas del ciclo lectivo siguiente antes de noviembre de cada año. Según el Ejecutivo, ese régimen "empujaba a los colegios a fijar aumentos anticipados en base a proyecciones arbitrarias y sin información certera sobre la macroeconomía futura", lo que terminaba provocando que el precio de la educación aumentara "considerablemente por encima del resto de los bienes de la economía".

Como ejemplo, el Gobierno citó que en 2024 la inflación general fue de 117,8%, mientras que las cuotas escolares subieron 169%. En esa línea, la administración sostuvo que el esquema derogado, "lejos de dar previsibilidad a las familias", generaba que estas "deban destinar un mayor porcentaje de sus ingresos a la educación de sus hijos".