El Gobierno Nacional promulgó las leyes de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) y de Emergencia Pediátrica (Ley 27.796), pero suspendió su aplicación hasta que el Congreso defina el origen de los fondos e incluya las partidas en el Presupuesto Nacional. La medida se formalizó mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados este lunes en el Boletín Oficial, y se fundamenta en el impacto fiscal que ambas iniciativas generarían.

En ambos textos se aclara que la promulgación se realiza "sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 24.629", que establece que toda norma que disponga gastos debe prever su financiamiento, y que su ejecución quedará suspendida hasta que se incluyan las partidas correspondientes.

La Ley de Financiamiento Universitario garantiza el sostenimiento de la educación pública y establece una actualización automática de los recursos en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. También dispone que la Auditoría General de la Nación realice un control externo sobre las universidades y que el Ejecutivo adecue el presupuesto al 1° de enero de 2025 "sin afectar la coparticipación federal ni los aportes del Tesoro nacional".

En tanto, la Ley de Emergencia Pediátrica declara por un año la emergencia sanitaria en salud infantil y residencias médicas, e instruye la asignación prioritaria de recursos para insumos, medicamentos, infraestructura, vacunas y personal esencial. Además, prevé una recomposición salarial inmediata y la exención del impuesto a las ganancias para profesionales de salud que realicen tareas críticas.