La defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó una apelación ante la Cámara Federal de Casación Penal para cuestionar las restricciones impuestas por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) a las visitas que puede recibir en su prisión domiciliaria. Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy argumentaron que la medida afecta directamente sus derechos políticos y partidarios, ya que supedita el contacto con otros dirigentes a una autorización judicial previa.

La ex presidenta cumple su condena por la causa Vialidad en su domicilio de San José 1111, y actualmente solo puede recibir sin autorización previa a personas incluidas en una lista acotada que contempla a familiares, abogados, médicos y custodios. Cualquier otro visitante debe ser autorizado por el tribunal mediante solicitud justificada.

Desde que el abogado Gregorio Dalbón difundió en redes el correo electrónico del TOF 2 para solicitar visitas, el tribunal recibió más de 700 pedidos. Ante ello, el juez Jorge Gorini, presidente del TOF 2, derivó las solicitudes a la defensa, recordando que es responsabilidad de los abogados canalizar y fundamentar cada caso.

Los letrados señalaron que este mecanismo generaría un "desgaste jurisdiccional innecesario" y advirtieron que la medida implica una "potestad complementaria no prevista normativamente". Insisten en que la prisión domiciliaria solo implica una restricción ambulatoria, sin que esto implique limitaciones al ejercicio de derechos políticos o partidarios.