El vocero presidencial Manuel Adorni anunció un endurecimiento en la política migratoria del Gobierno, con fuertes críticas al sistema actual. "Argentina no será tierra fértil para la llegada de los delincuentes. Todos los condenados por cometer un delito serán deportados", afirmó el funcionario, en un giro discursivo que busca asociar migración irregular con criminalidad.

Adorni sostuvo que en el país hay una situación migratoria descontrolada: "Hoy entra casi cualquiera sin mediar preguntas y las condiciones de deportación son muy flexibles. Ingresaron un millón 700 mil inmigrantes ilegales", señaló. Sin embargo, no ofreció datos precisos ni fuentes oficiales que respalden esa cifra.

Además, el vocero apuntó contra el gasto público en salud: "Solo en ocho hospitales nacionales se gastaron 114 mil millones de pesos para atender extranjeros", dijo, y agregó: "Lo que es peor, hoy la Argentina tampoco expulsa a quienes infringen la ley. Entran delincuentes, siguen delinquiendo y nadie hace nada. Con este Gobierno eso se termina".

Entre las nuevas medidas anunciadas, se incluye la posibilidad de que las universidades públicas puedan cobrar a estudiantes extranjeros si así lo desean, el endurecimiento de los requisitos para obtener la residencia, y una modificación en las condiciones para acceder a la ciudadanía: solo se otorgará a quienes hayan residido dos años consecutivos en el país sin abandonar el territorio.