De hecho, el macrismo aprovechó la instalación del tema que regaló la senadora ultrakirchnerista. “La ministra de Géneros -Elizabeth Gómez Alcorta- cuestiona que la Corte -Suprema de Justicia- no hace capacitación de acuerdo a la Ley Micaela, pero ahora no la escuchamos hablar sobre este tema, cuando existe una enorme oportunidad”, aseguró el también radical Martín Lousteau.

La UCR también aprovechó la discusión del pliego de Bejas para recordar que el flamante juez electoral nacional no le tomó declaración indagatoria al otrora jefe del Ejército y militante cristinista César Milani, en la causa por la desaparición del soldado conscripto Alberto Ledo. También, que sobreseyó años atrás al actual gobernador de Tucumán, Juan Manzur, tras denuncias por enriquecimiento ilícito.

Como si fuera poco, el macrismo dejó claro que la doble vara en cuanto al género apareció también en el pliego como defensor de Mariano Galletta, en un concurso en el que quedó en tercer lugar, detrás de dos candidatas de Tucumán y Santiago del Estero, respectivamente. La presidente del Senado, Cristina de Kirchner, estuvo durante el debate de todos los cargos judiciales, aunque se levantó en medio de la votación y no volvió al recinto.

La semana pasada, durante su exposición en la comisión de Acuerdos, Bejas rechazó los cuestionamientos por su pasado como apoderado del PJ de Tucumán y por haber sido representante legal de empresas del exgobernador y senador con licencia -por denuncias de abuso sexual-, José Alperovich.

“En ningún lado la creación de la Cámara prohíbe que un abogado que ha sido apoderado de un partido pueda ser miembro. No puede haber sido autoridad partidaria, pero sí apoderado”, sostuvo el magistrado, y remarcó que la única condición necesaria “es la idoneidad” y el apego a la Constitución nacional y a las leyes.

Espera

En la sesión de ayer se pospuso un proyecto que preocupa al sector privado, que propone modificar la Ley de Contrato de Trabajo para llevar, hasta los tres años, la prescripción de “las acciones relativas a créditos provenientes de la extinción del vínculo laboral”, y hasta cinco años “las demás acciones relativas a las relaciones individuales de trabajo en general, de disposiciones de convenios colectivos de trabajo o laudos con eficacia de convenios colectivos de trabajo, disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo”.

La iniciativa en cuestión fue dictaminada la semana pasada en la Comisión de Trabajo de la Cámara alta, que maneja el legislador oficialista y de extracción sindical Daniel Lovera (La Pampa), impulsor principal del texto en cuestión. El problema tras esta dilación, y de cara a la semana próxima, es que el oficialismo tiene en agenda, como tema principal, la sanción del Presupuesto 2021.