A partir de la denuncia del accionista de Indalo, Fabián De Sousa, la jueza María Servini ordenó el entrecruzamiento de llamados entre los teléfonos de Macri, Rodríguez Simón, José Torello, Mario Quintana, Leandro Cuccioli, Alberto Abad y otros empresarios para confirmar fechas y ubicaciones en momentos clave donde se presume que se ejercieron las presiones al propio De Sousa y a Cristóbal López.

La magistrada se había inhibido de seguir en el caso, para lo cual argumentó "violencia moral" pero el juez de la Cámara Federal porteña Martín Irurzun la confirmó al frente de la investigación.

"No observo causales que justifiquen el apartamiento de la magistrada", resolvió Irurzun al dar la razón al juez federal Sebastián Casanello, quien había rechazado intervenir en el caso cuando se apartó Servini.

Oportunamente, la magistrada aludió a dichos vinculados a su persona por parte de un periodista durante un programa de televisión. Al respecto, Irurzun analizó que esas manifestaciones "no poseen entidad suficiente para imponer esa solución".

"Sucede que el ejercicio de la función pública en ocasiones involucra situaciones de estas características y ello no puede ameritar la inhibitoria de quien fue reglamentariamente designada para intervenir en el caso", concluyó.

La jueza Servini lleva adelante además una causa histórica, en lo que es el único proceso abierto en el mundo de justicia transicional abocado a desentrañar los crímenes ocurridos durante la dictadura de Francisco Franco en España, y a través de un fallo de la Cámara Federal de Casación, extender el período investigado a todos aquellos hechos de la transición que pudieran haber sido una prolongación de esos delitos imprescriptibles. En esa causa, a principios de septiembre, la jueza federal le tomó declaración indagatoria a Rodolfo Martín Villa, ministro del Interior durante la transición, pero acusado por delitos de lesa humanidad durante el franquismo.