La Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo abrió los recursos de queja que giran en torno a otro punto controvertido: tras la aprobación por el Congreso del nuevo régimen especial para el Poder Judicial se removió el llamado “estado judicial” para los magistrados jubilados, pero en algunos casos, fiscales fueron convocados por el Procurador Eduardo Casal para que ocupen esas mismas vacantes que se generaban con sus renuncias. En una causa donde se investiga una asociación ilícita dedicada a la conformación de financieras ilegales, intermediación financiera no autorizada y lavado de dinero, la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a la renuncia del fiscal Gustavo Vidal Lascano, a partir de la publicación de la aceptación de su renuncia como titular de la Fiscalía Federal Nº 2 de Córdoba. Los planteos escalaron al máximo tribunal penal que deberá definir si lo que hicieron esos fiscales después de retomar sus cargos tienen validez.

El escándalo por los traslados de jueces generó nuevos cruces que fueron moderados por Graciela Camaño en la reunión virtual de ayer, donde se reconoció como un tema que quedó “colgado”, sin una interpretación institucional que lo sostenga. La discusión es si esos traslados “no están completos” y requieren o consulta a la Corte, o aval directo del Senado, donde algunos pliegos no prosperarían, lo que irrita al PRO. El propio Pablo Tonelli reconoció allí que “hay distintas formas de trasladar” lo que representa un problema que colisiona con la norma constitucional. “Si bien hay un vacío legal, hay un lleno constitucional”, planteó Gerónimo Ustarroz por el Ejecutivo al mencionar que están incompletos esos nombramientos. Tonelli propuso una “solución definitiva” a través de una ley del Congreso, en un intento por definir a futuro los alcances sin retomar los de los últimos años, dado que el Consejo “carecería de atribuciones” para hacerlo sobre los ya concretados.

El académico Diego Molea coincidió con la necesidad de una norma pero afirmó que “para atrás nos encontramos con errores que debemos sanear”, en alusión al listado. Propuso que no se revoquen, sino culminarlos a partir de una remisión a la Corte para que tercie “sobre la vigencia de los traslados” a partir de las Acordadas que ya dictó sobre el tema. Vanesa Siley, por el kirchnerismo sostuvo que esto “alteraba la garantía de juez natural” y que la Corte había hecho ya una interpretación a nivel constitucional.

El presidente del Consejo, Alberto Lugones fue el más categórico: “si no se contempla el pase para igual jerarquía o cargo estamos en problemas” y que hubo actos “antirreglamentarios”. “Se eligió no cualquier cargo ni un tribunal perdido, no, se eligió jueces para integrar una Cámara y son temas donde no nos ponemos de acuerdo”, disparó, y desechó la visión del PRO de que esos actos no podrían ser revisados. El tema es una historia en desarrollo.

Las “herencias” del juez Canicoba

• Julián Ercolini salió sorteado para ocupar el juzgado de Canicoba Corral y deberá hacerse cargo de la causa AMIA y del escándalo por los Peajes durante el macrismo. También quedó bajo su órbita la de espionaje sobre jueces con datos migratorios.

• Sebastián Casanello quedó a cargo del juzgado de Sergio Torres que subrogaba Canicoba. Allí está la imputación a Aranguren por las tarifas de gas y la causa que investiga si las detenciones dispuestas por Ercolini a Jaime fueron motivadas políticamente.