La historia se remonta a noviembre de 2017, cuando el por entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, convocó a los productores, distribuidoras y transportistas de gas para establecer las bases y condiciones para la comercialización del gas. Allí, se fijaron precios uniformes para cada una las cuencas y volúmenes específicos por un plazo de dos años, pero en un hecho inédito, los contratos se establecieron a un tipo de cambio variable en dólares.

En octubre de 2018, con la fuerte devaluación, las deudas de las distribuidoras con las productoras de gas crecieron exponencialmente, ya que las distribuidoras cobran sus facturas en pesos y deben pagar en dólares el gas a las productoras. En ese momento, el exsecretario de Energía, Javier Iguacel, ideó un sistema de 24 cuotas para que esas deudas fueran absorbidas por los usuarios incluyéndolas en las facturas y firmó la Resolución Nº 20/18. Esta resolución generó denuncias penales y un repudio generalizado y se derogó.

Entonces, el macrismo estableció en el artículo 7 del DNU 1053 un mecanismo por el cual el Estado Nacional asumió esa deuda entre privados que se había generado por las "bases y condiciones" ideadas por Aranguren con las empresas y la aprobación del Enargas. Estableció una compensación de u$s393 millones en 30 cuotas mensuales. La primera cuota fue abonada el 6 de diciembre de 2019 y ascendió a $818 millones. Por las cuotas remanentes el Estado debería pagar todavía $23.654 millones sin contar intereses, que ahora quedarán sin efecto.

Una mirada inmediata a los distintos sectores de la energía refleja disparidad de trato en los últimos años, mientras algunas empresas vinculadas con funcionarios del gobierno de Cambiemos recibían transferencias, otras se veían perjudicadas. Desde 2015, los precios de la energía eléctrica variaron 1.802% y los del gas 108%. Los precios de los combustibles recortaron 34% en este lapso. Ese costo que pagaron los usuarios les permitió a las empresas de servicios públicos obtener rentabilidad.

Mientras Edenor, Camuzzi y otras compañías se alzaron con rendimientos importantes, los productores de hidrocarburos que resultan ser la base de la generación de electricidad y la distribución de gas, veían caer su rentabilidad.

YPF, por ejemplo, petrolera estatal tuvo enorme retroceso en sus ingresos, con un retraso total en cuatro años del 34% en dólares en el precio de sus combustibles. Una de las consecuencias de esa pérdida de rentabilidad en el sector fue la caída en la producción del gas. Hoy como consecuencia de esa política, el país podría verse obligado a importar gas si no se adoptan incentivos adecuados.

Además, la Cámara alta trata otra serie de DNU emitidos por el Gobierno de Alberto Fernández como el que prorrogó el aislamiento social y obligatorio dispuesto ante la pandemia y también el que prorrogó la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).