"Soy el principal testigo de la causa de la obra pública en Santa Cruz. Por eso, el juez (Rodolfo) Canicoba Corral me procesa en tiempo récord (un día) en la causa peajes, porque me quieren sacar de dicha causa. Al estar procesado pueden pedir la anulación de mi declaración", dijo Iguacel. Técnicamente, el argumento no se sostiene dado que es citado como testigo y denunciante en el caso de la obra pública y fue procesado por irregularidades que se basan en su propia gestión al frente de Vialidad.

En mensajes publicados en su cuenta de la red social Twitter, el exfuncionario macrista indicó: "Lo que entiendo de la denuncia de (el diputado Rodolfo) Tailhade, pero no puedo comprobar porque no me permitieron ver las supuestas pruebas es que defraudé al Estado en la conclusión de la renegociación de contratos de peaje en los accesos a Buenos Aires". "Cuando llegué a Vialidad, un organismo técnico por excelencia, tenía miles de carpetas y problemas inconclusos", se justificó. Aun así, el jueves de la semana pasada, se negó a declarar en la indagatoria ante Canicoba y pidió apartar al juez en el mismo momento con el objetivo de ganar tiempo. En la red social, pareció trasladar la responsabilidad de los contratos a informes que elevó a Guillermo Dietrich en Transporte, que debe concurrir a indagatoria el viernes.

En su defensa, el exfuncionario argumentó que la causa peajes sería una "venganza" contra su gestión en Vialidad. El exfuncionario es el denunciante de la causa contra Báez que se apoya en un informe de auditoría realizado apenas desembarcó en esa oficina y que no señaló irregularidades de magnitud en el otorgamiento de las obras a las firmas ligadas a Austral Construcciones, aunque señalo que el conglomerado había tenido concentración de obras licitadas a su favor y observó algunas específicas donde había detectado trabajos inconclusos. Para el resto de los casos no encontró "deficiencias constructivas de magnitud". El informe presentado por áreas técnicas a Iguacel no detectó sobreprecios ni los analizó,

Sin embargo, Iguacel radicó una denuncia penal que recayó en el juzgado de Julián Ercolini donde sostuvo que para algunas obras hubo un sobreprecio de más del 64%, y con ello avanzó una causa que en pleno juicio oral está recién en etapa de peritajes.