El jefe de la UOM, Antonio Caló, encabezó en la sede del gremio el encuentro que finalizó con la firma del documento que deberá homologar el Ministerio de Trabajo. Quedaron al margen los fabricantes de autopartes, nucleados en AFAC y que aguardan un entendimiento específico para el sector automotor, y los elaboradores de aluminio de Caiama. El gremio y el resto de las cámaras habían iniciado dos semanas atrás una gestión para establecer parámetros para un licenciamiento masivo en la actividad pero las tratativas entre CGT y UIA postergaron hasta ayer la firma.

El entendimiento metalúrgico tendrá también como eje la garantía de estabilidad de los puestos de trabajo durante su vigencia aunque abre la puerta para la generación de “retiros voluntarios, desvinculaciones por mutuo acuerdo, jubilación, incapacidad absoluta, finalización del plazo o agotamiento de la eventualidad en los contratos temporales y extinción por voluntad unilateral del trabajador”. Como si hiciera falta el texto incluye “fallecimiento” como razón para la extinción del vínculo laboral.

El gremio que encabeza Antonio Caló fue de los primeros en iniciar una negociación con sus contrapartes empresarias para acordar algún mecanismo de salvataje de los puestos de trabajo a cambio de una reducción de sueldos para los operarios eximidos de ir a sus empleos por la cuarentena. Pero la existencia de una conversación de mayor nivel entre la UIA y la CGT, que ayer dio como fruto un acuerdo de partes que deberá refrendar hoy el Gobierno, dejó en suspenso hasta ahora esa discusión.

El acta establece que “los trabajadores que no sean convocados a prestar tareas” por la cuarentena o el parate en la actividad derivado de las normas de aislamiento obligatorio, serán considerados suspendidos en los términos del artículo 223 bis de la ley de Contrato de Trabajo, y por lo tanto sujetos a un pago reducido y no remunerativo del salario que será equivalente al 70% del bruto, es decir el 86 por ciento del neto. El texto aclara que en caso de hacerse beneficiario de la asistencia estatal contemplada en el DNU 376, que fijó la cobertura de hasta 50% del salario neto de trabajadores de empresas en crisis por parte de Anses, el empleador deberá completar los pagos hasta el 86%.

En tanto, ayer en el Ministerio de Trabajo informaron que tanto el jefe de esa cartera, Claudio Moroni, como su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, habían puesto su firma en la norma concertada el día anterior por la UIA y la CGT pero sólo a título institucional de modo tal de brindarle un marco de certidumbre a los eventuales acuerdos que deberá sellar cada sector en adelante y de forma individual, como el de ayer mismo entre UOM y las fábricas metalúrgicas. En lo inmediato se prevé que también habrá acuerdos similares en sectores de mano de obra intensiva e igualmente golpeados por la crisis como el de comercio.