A lo largo y ancho del país hay 3.419 organizaciones gremiales. De ese total, 3.290 son sindicatos; 110, federaciones, y 19, confederaciones. En el listado de los 3.419 sindicatos están incluidos los nueve gremios inscriptos por el Ministerio de Trabajo desde que Alberto Fernández asumió la presidencia de la Nación. La mayoría de ellos tenían fallos favorables de la justicia para tener la simple inscripción, algunos inclusive desde el año 2015, pero estaban cajoneados en la cartera laboral.

De la totalidad de esas entidades sindicales, 1.681 tienen personería gremial y las restantes 1738 sólo cuentan con inscripción gremial. El problema es que entre los sindicatos nuevos figuran algunos que compiten con la misma clientela de organizaciones gremiales que lideran dirigentes poderosos como Hugo Moyano y Sergio Palazzo, y eso anticipa una pelea que, en el pasado -como en el caso de Camioneros- muchas veces incluyó episodios de violencia, batallas judiciales, intrigas e intervenciones del poder político de turno.

Las nuevas organizaciones son el Sindicato de Docentes e Investigadores Universitarios de San Luis; el Sindicato Unidos Conductores de Personal Aeronáutico y Portuario; la Federación de Obreros y Empleados de la Carne y sus Derivados de la República Argentina; y el Sindicato Único de Profesionales y Afines de la Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente; el Sindicato de Trabajadores del Estado Municipal de Corrientes; Sindicato de Trabajadores/as de Entidades Bancarias y Financieras de la República Argentina; Asociación Interhospitalaria de la Salud de Salta; Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados de Transporte de Cargas y Logística de la Provincia de Santa Fe. El último gremio en agregarse a la lista fue la Asociación Gremial de Arquitectos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde el Ministerio de Trabajo ya les informaron que cada una de estas flamantes asociaciones deberán convocar a elecciones para que los afiliados voten a las respectivas comisiones directivas.

El gremio de Moyano ya empezó su ofensiva para resistir la creación de un sindicato de camioneros en la provincia de Santa Fe, que está liderado por un opositor, Sergio Aladio. Y el moyanismo ya difundió un comunicado de prensa en el que trata a sus rivales de “sectores espurios del sindicalismo”.

En ese texto, expresó: “El nuevo sindicato, que ha sido reconocido por el Ministerio de Trabajo con la correspondiente inscripción gremial, podrá oficialmente en la provincia de Santa Fe presentarse a elecciones y seguir estando al frente en la defensa de los trabajadores, que hoy viene siendo bastante manoseada por algunos sectores antisindicales que no encuentran afinidad con los trabajadores”, pero “el decreto 3/2020 publicado en el Boletín Oficial expresa que no se entrega personería gremial a sectores espurios del sindicalismo” y “la representatividad gremial de los trabajadores de toda esa provincia continuará siendo parte” (de la federación moyanista).

En el caso de los bancarios, un sindicato alineado sin fisuras con el Gobierno, se le dio la inscripción al Sindicato de Trabajadores/as de Entidades Bancarias y Financieras, que contaría con unos 200 afiliados y se mete de lleno en una batalla intersindical con la organización que pilotea Sergio Palazzo.

El otro conflicto que se viene es con la inscripción del Sindicato Unidos Conductores de Personal Aeronáutico y Portuario, alineado con el moyanismo, que aspira a sacarle afiliados a gremios de dos actividades en las que hay una fuerte presencia de organizaciones tradicionales y dirigentes de peso.

Sin embargo, en diálogo con Infobae, tanto los sindicatos de bancarios, de portuarios y de trabajadores de la carne minimizaron el impacto que puede tener la inscripción de los nuevos sindicatos. Y también destacaron que sus rivales no pueden discutir paritarias -al menos que una resolución judicial, que puede demorar años, los autorice-, aunque reconocieron que pueden disputarles poder, aunque el número de afiliados que por ahora tienen, sea minoritario.

Es más, desde La Bancaria sostienen que buena parte de los afiliados del nuevo gremio ya saltaron de sindicato, y que un buen porcentaje de firmas de supuestos afiliados son “truchas”, algo que solo podrá certificar la justicia si se llega a esa instancia.

¿Cuáles son las diferencias entre tener o no personería gremial?

El modelo sindical argentino tiene como eje el sistema de personería gremial, le otorga al Estado la potestad de darle derechos exclusivos al sindicato más representativo por rama de actividad. Es decir, el Ministerio de Trabajo es el que le da el “poder de lapicera” a un sindicato para intervenir en la negociación colectiva y administrar sus propias obras sociales, entre otros “privilegios”.

Eso los diferencia de los sindicatos con simple inscripción, que tienen menos derechos y carecen del decisivo “poder de lapicera” para firmar en nombre de todos los trabajadores de la actividad.

Sin embargo, fallos de la Corte Suprema de los últimos años han equiparado los derechos de los sindicatos simplemente inscriptos respectos de los que tienen personería.

Luis Campos, que maneja el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, le explicó a Infobae que: "Históricamente, las inscripciones servían para muy poco, pero a partir de algunos fallos que la Corte dictó a partir de 2008 las inscripciones son más importantes (por ejemplo pueden elegir delegados y éstos tienen tutela sindical), por eso cada vez era más difícil acceder a la inscripción y en muchos casos se tuvieron que judicializar los pedidos”.

Campos aclara que, además de los nueve sindicatos inscriptos por Trabajo, las últimas semanas “todavía hay algunos más en una situación similar, que ya tienen fallos a favor de la justicia laboral”.

También entiende que, sin personería gremial, los sindicatos “no pueden negociar paritarias. Eso sigue siendo un derecho exclusivo de los sindicatos con personería”.

Como se ve “el poder de la lapicera” que otorga la cartera laboral, es un arma, no sólo gremial, sino política y económica, que brinda mucho poder.

Un caso testigo es el de los trabajadores del Subterráneo y Premetro. Cuando el kirchnerismo estaba en retirada le otorgó la personería, pero la justicia se lo retiró.

El impacto político que tiene otorgarle personería gremial a un sindicato es tan grande que explica, por ejemplo, la disputa que aún tienen los denominados Metrodelegados en la Ciudad de Buenos Aires.

Los Metrodelegados -enrolados en la CTA- disputan poder con la UTA -confederada en la CGT-, cuyo secretario general es Roberto Fernández. Este es el hombre que decide, por ejemplo, si en un paro general, funcionan o no los colectivos. Es decir, la llave de la contundencia o no de una huelga.

Los trabajadores del subterráneo y del Premetro, cuya base obrera es de extracción de izquierda y peronista, tenían solo inscripción gremial.

Después de insistentes reclamos y rechazos de la justicia laboral, el 26 de noviembre de 2015, el entonces ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y a pocos días a que Cristina Kirchner dejara el poder en favor de Mauricio Macri, les otorgó la ansiada personería gremial.

Roberto Fernández, cuestionó la medida ante la justicia, presentó recursos de amparos -todos aceptados- para que no pudiesen negociar paritarias y para que sea invalide la personería gremial.

Después de mucho bregar, la UTA logró, el 14 de mayo de 2018, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, declare la “nulidad” de la personería gremial otorgada a los Metrodelegados.

La razón invocada por la Corte Suprema fue que el Ministerio de Trabajo no le dio participación en el expediente a la Unión Tranviarios Automotor para demostrar, como sostenía Fernández en su apelación, que los Metrodelegados “no eran los más representativos del sector”, es decir, “que no tenían un número de afiliados cotizantes considerablemente superior a los de la UTA”, lo cual significó “una violación en su derecho de defensa”.

A pesar del golpe en contra, el máximo tribunal dejó una ventana abierta al advertir: “Lo resuelto no implica en modo alguno adelantar opinión sobre la suerte final del caso, el cual deberá ser decidido nuevamente por el Ministerio de Trabajo”, al que le envió el expediente. Es decir, ahora será Claudio Moroni el que deberá decidir si se le otorga o no la personería gremial a los Metrodelegados.