La demolición de un presunto búnker narco en Guaymallén marcó el inicio de la aplicación del nuevo protocolo de intervención sobre inmuebles vinculados al delito en el departamento. La medida se concretó tras la firma de un convenio entre el Gobierno provincial y el municipio, en el marco de un plan que busca avanzar contra los llamados "aguantaderos".

El operativo se realizó sobre una vivienda ubicada en calle Tacuarí, frente al asentamiento BAP, y fue supervisado por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto al intendente Marcos Calvente.

Según explicaron las autoridades, el inmueble había sido usurpado y utilizado para ocultar elementos robados y comercializar droga, lo que generaba una situación de inseguridad en la zona.

"Son lugares que muchas veces se utilizan para ocultar bienes robados o para la venta de droga".

La funcionaria remarcó que se trata de la intervención número once dentro de este plan, aunque es la primera demolición en Guaymallén bajo el nuevo esquema formalizado en 2026.

"El inmueble había sido usurpado y se había detectado la presencia de droga. Esto generaba una situación de inseguridad que afectaba directamente a los vecinos".

Desde el Ministerio detallaron que estas acciones se realizan tras un proceso de análisis que incluye denuncias vecinales, informes policiales y tareas de investigación, con el objetivo de constatar el riesgo que representa cada propiedad.

Una vez verificada la situación, se notifica a los titulares registrales y se interviene garantizando el derecho de propiedad, pero evitando que el lugar continúe siendo utilizado con fines delictivos.

Por su parte, el intendente Calvente destacó que el nuevo protocolo permite agilizar los tiempos de intervención, en contraste con procesos anteriores que podían demorar por instancias administrativas y judiciales.

"El proceso ahora es mucho más dinámico y permite dar respuestas acordes a la realidad".

El jefe comunal también remarcó el impacto urbano de estas medidas, ya que muchas de estas propiedades abandonadas generan focos de conflicto e insalubridad en los barrios.

Además, confirmó que los costos de los operativos son asumidos por el municipio y que, tras la demolición, se avanza con el retiro de escombros y el cierre del predio.

En paralelo, las autoridades realizaron otro operativo en Godoy Cruz, donde se procedió al tapiado de una vivienda en calle Gorriti, señalada por vecinos como un punto de conflicto.

Estas intervenciones forman parte de una política más amplia que ya suma tres acciones desde la puesta en vigencia del programa y más de diez operativos en el Gran Mendoza, entre demoliciones y cierres de inmuebles.

El objetivo del plan es fortalecer la capacidad del Estado para actuar de forma preventiva en espacios que representan un riesgo para la seguridad y la convivencia urbana.