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Mendoza
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A días de las elecciones municipales en San Rafael, la Fiscalía de Estado de Mendoza dictaminó a favor de suspender la votación de convencionales constituyentes por posibles vicios constitucionales. La Suprema Corte provincial tendrá la última palabra.
La Fiscalía de Estado de Mendoza presentó un dictamen en el que respalda la suspensión de la elección de convencionales constituyentes prevista para este domingo en San Rafael, en el marco de las elecciones municipales. La decisión, que aún no está definida, dependerá ahora de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
El planteo judicial fue impulsado por el diputado provincial José Luis Ramón, quien presentó una acción de inconstitucionalidad con pedido de medida cautelar para detener la votación de los 24 representantes que deberían conformar una comisión para redactar una futura Carta Orgánica municipal.
En su dictamen, el organismo que conduce el Fiscal de Estado, Fernando Simón, consideró que existen elementos "prima facie" que justifican la revisión de la elección. Entre los argumentos centrales se menciona la falta de un marco provincial reglamentario sobre autonomía municipal, la aprobación de la ordenanza municipal por mayoría simple, y la ausencia de una consulta popular previa que avale la iniciativa. Otro punto observado fue la publicación de la ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia, que según la Fiscalía podría haber sido insuficiente o defectuosa.
El dictamen sostiene que permitir la votación en los términos actuales, si luego se declara su inconstitucionalidad, podría generar un daño mayor que suspenderla preventivamente en esta etapa cercana a los comicios.
Con las elecciones programadas para el domingo 22 de febrero, la Suprema Corte de Justicia deberá resolver en plenario antes del fin de semana si hace lugar o no al pedido de cautelar. La definición será clave para determinar si la categoría correspondiente a convencionales se mantiene en la boleta electoral de San Rafael.
Desde el municipio, representantes del gobierno local han defendido la vigencia y legalidad del proceso, argumentando que la autonomía municipal está operativa y que frenar la elección a pocos días de su realización podría generar confusión en los votantes y costos adicionales para la organización electoral.
El debate también tuvo repercusión política, con la vicegobernadora Hebe Casado criticando la posibilidad de suspensión en términos políticos, mientras sectores vinculados al oficialismo municipal aseguran que la medida judicial responde a cuestionamientos de fondo sobre el cumplimiento de requisitos constitucionales para avanzar con la votación.
