La Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó este miércoles la convocatoria a un paro general de 24 horas en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y cuya discusión se espera en la Cámara de Diputados. Esta será la cuarta huelga nacional contra la gestión de Javier Milei desde que asumió la presidencia, según anunciaron fuentes sindicales.

Los dirigentes cegetistas justificaron la medida señalando que la iniciativa oficialista afectaría "derechos adquiridos" y expresaron fuertes críticas tanto hacia el contenido del proyecto como hacia el rumbo económico del Gobierno. La huelga se llevará a cabo el mismo día en que se trate la reforma laboral en el Congreso, con el objetivo de mostrar el rechazo sindical antes y durante el debate legislativo.

Rechazo sindical y contexto de las críticas

La CGT ha señalado que algunos de los cambios propuestos -en aspectos como licencias por enfermedad, condiciones laborales y derechos colectivos- son vistos por los gremios como retrocesos en las conquistas laborales históricas. Los sindicatos también expresaron su preocupación por la situación general del empleo formal en el país y por el cierre de empresas industriales, lo que se ha sumado al clima de tensión en torno al proyecto.

La medida de fuerza fue debatida en reuniones del consejo directivo de la central obrera y contó con el respaldo de diversos gremios, incluyendo el sector del transporte, que anticipó su adhesión a la huelga. A pesar de algunas presiones internas para una protesta con movilización, dirigentes sindicales confirmaron que la huelga será sin marcha oficializada por la CGT, aunque se permitirá "libertad de acción" para quienes deseen realizar movilizaciones por su cuenta.

Efectos y objetivos de la huelga

La huelga general está programada para iniciarse a las 0 horas del día en que se debata la reforma laboral en la Cámara baja, que podría ser este jueves 19 de febrero o la próxima semana, según el cronograma parlamentario. Los sindicatos esperan que el paro sirva para presionar a los legisladores y frenar o modificar aspectos del proyecto que consideran perjudiciales para los trabajadores.

Además, la CGT expresó solidaridad con los trabajadores afectados por el cierre de fábricas -como el caso de FATE- y vinculó su protesta con lo que describen como una política económica que deteriora las condiciones laborales y productivas en el país.